Por unanimidad, con 138 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley del gobierno que crea una Pensión Garantizada Universal (PGU) para todos los mayores de 65 años que sean parte del 90% más pobre de la población.
Se trata de la primera parte del proyecto que es compartido por todas las fuerzas políticas, pero aún resta despejar en la jornada de mañana martes su financiamiento, donde persisten dudas de parte de la oposición que pide claridad al Ejecutivo en el mecanismo permanente de financiación.
Lo aprobado y que de ser ley durante enero, que es la apuesta del Ejecutivo, se comenzaría a pagar en febrero, establece que si una persona hoy tiene una pensión base de $ 150 mil, se le suman $ 185 mil más. Si una pensión base es de $ 200 mil, se le agregan $ 185 mil y por consiguiente su nueva pensión, explicó el ministro del Trabajo, Patricio Melero, será de $ 385 mil.
Asimismo, se precisó que quienes tengan una Pensión Básica Solidaria no van a tener que postular, ya que se les pagará automáticamente, igual que a quienes sean beneficiarios del aporte previsional solidario, en ciertos casos, de manera que este beneficio va a ser inmediato.
Melero detalló que el beneficio es para 2,4 millones de personas y afirmó que "con toda seguridad podríamos pagar pensiones en febrero o marzo, son cerca de medio millón de personas que van a recibir por primera vez una ayuda del Estado".
Los requisitos
Los requisitos para acceder al beneficio son haber cumplido 65 años, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población entre 65 o más años de Chile; en caso de ser extranjero, acreditar residencia por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos; y para aquellas personas que cumplan estos requisitos, pero que tengan una pensión base autofinanciada superior a $ 630 mil y de hasta $ 1 millón, el monto de la PGU disminuirá gradualmente.
El costo fiscal de la iniciativa, según Hacienda, será de un máximo de 0,95% del PIB entre 2028- 2034, alcanzando un promedio de 0,92% del PIB en la década de 2040, considerando el envejecimiento de la población en las próximas décadas, que se financiará con la modificación de exenciones tributarias, provisiones ya incorporadas en la Ley de Presupuestos 2022 y su programación financiera; y la disminución del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP).
Respaldo de la oposición
Desde la oposición se respaldó el proyecto aunque con algunas precisiones, como lo señaló la diputada Karol Cariola (PC), quien manifestó que la iniciativa va en línea con la promesa del futuro gobierno de alcanzar una pensión mínima de $ 250 mil. "Este proyecto no se sostiene con una propuesta de financiamiento permanente, es por eso que le hemos planteado al gobierno demostrar la voluntad política de establecer un mecanismo permanente no solo a través de las exenciones tributarias, sino que también a través de un impuesto, por ejemplo, a los súper ricos".
Se decretó inadmisible una indicación del PC para que la entrada en vigencia de la PGU se ligara a una vez que estuviera promulgados los cambios a exenciones que permiten su financiamiento.
En tanto el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, se abrió a eventuales cambios al financiamiento al señalar que "hemos escuchado dudas y cuestionamientos, pero esperamos conocer las propuestas concretas de la oposición" y agregó que "nunca nada está escrito en piedra, sobre todo cuando estamos en el primer trámite, pero vamos a perseverar en la forma de financiamiento que se ha planteado que nos parece la correcta".
La opción de fusionar los proyectos cada vez es más lejana, porque para que eso ocurra los proyectos deben estar en un mismo trámite y por ahora ya no se cumple ese requisito.
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