Por 104 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.
La propuesta legal establece mayores sanciones y nuevas herramientas de fiscalización, perfeccionando la legislación vigente en torno al uso del agua, ya que hoy en día, a pesar de la existencia de figuras penales específicas relacionadas con la extracción no autorizada de aguas, y de los esfuerzos para aumentar la fiscalización de dichas extracciones, el diagnóstico común es que estas medidas no han resultado eficaces.
El texto legal, que enviado al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional, establece que los derechos de aprovechamiento y su ejercicio deberán ser informados por su titular a la Dirección General de Aguas (DGA) e inscritos en el Catastro Público de Aguas.
Asimismo, las personas naturales o jurídicas u otras entidades que incurran en las infracciones podrán ser objeto de la aplicación de algunas multas a beneficio fiscal que van desde las 10 a cinco mil unidades tributarias mensuales, dependiendo de la gravedad de la falta, a la afectación de derechos de terceros, a la cantidad de usuarios afectados o a la magnitud de la afectación al caudal del cauce o capacidad del acuífero.
El proyecto también entrega a la DGA la facultad de ordenar, mediante resolución fundada, la paralización y el cegamiento de un pozo en caso de acreditarse fehacientemente la extracción de aguas en un punto no autorizado por ella.
Por último, se establece que cuando estos delitos se ejecuten con violencia o intimidación hacia las personas, si el culpable no merece pena mayor por la violencia o intimidación que cause, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados (61 días a 5 años) y una multa de 50 a 5 mil UTM.
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