Tras dos semanas de incertidumbre, la oposición concretó este jueves la presentación de la acusación constitucional (AC) en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su decisión de no recurrir ante la Corte Suprema en casos que, según los parlamentarios opositores, permitieron rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales y otros ilícitos graves.
Aunque la ofensiva había sido anunciada el pasado 28 de octubre, su presentación se postergó en medio de las dificultades de la oposición para reunir los 78 votos necesarios para aprobarla en la Cámara de Diputados. De hecho, hasta último momento persistían las dudas sobre si convenía ingresar el libelo este jueves o esperar hasta la próxima semana.
Finalmente, los parlamentarios opositores suscribieron el documento en la Sala Inés Enríquez de la Cámara, hasta donde llegaron el constitucionalista Nicolás Facuse y el jefe de la bancada socialista, Raúl Leiva, con el texto de la acusación.
Tras firmarlo, los diputados de las bancadas opositoras explicaron los fundamentos del libelo y destacaron su presentación como “un hecho inédito que ha logrado la articulación de la oposición”.
Los tres capítulos de la acusación
Tal como había trascendido, la acusación constitucional contempla tres capítulos. El primero apunta a las “rebajas de condena a agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes”, mientras que el segundo aborda las “rebajas de condena a condenados por crímenes de lesa humanidad”.
El tercer capítulo acusa al secretario de Estado de “falta de veracidad ante el Congreso e infracción al principio de probidad”.
Respecto del primer capítulo, el libelo detalla que el titular de Justicia concedió beneficios que la ley prohíbe, desatendió el interés superior del niño; cometió abuso de poder, se abocó a causas pendientes e infringió la ley por omisión.
Sobre el segundo capítulo, el texto explica que Rabat omitió el estatuto que la Constitución le obliga a aplicar; concedió sin ponderación, se apartó sin explicación del criterio aplicado por el ministerio; y, no consideró a las víctimas.
Del tercer capítulo, el documento argumenta que las infracciones cometidas por el secretario de Estado son contravenir el principio de probidad, el deber de lealtad con la Cámara; y, el deber de informar al Congreso.
El texto sostiene, además, que los tres capítulos del libelo muestran una misma forma de actuar: el secretario de Estado “abandonó el criterio que el Ministerio de Justicia sostuvo en dos administraciones, sin mediar cambio legal ni orden judicial que lo obligara; que resolvió a favor del condenado, sin considerar a las víctimas, infringiendo la ley; y que atribuyó la decisión a otros. A las comisiones, a la Corte Suprema, a la ley, al Congreso y al gobierno anterior".
Y se plantea que el gobierno “no ha hecho valer las responsabilidades”, pues “el Presidente reconoció el error, pero mantiene al ministro en su cargo y lo ha hecho responsable de presentar medidas y soluciones”. Además, se insiste en que “el ministro Rabat ya no es un interlocutor válido” para el sector.
Los diputados esperan que el lunes 16 de noviembre se dé cuenta en la Sala de la Cámara y llamaron a que los parlamentarios de todos los sectores se sumen a aprobarla.
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