Luego de 18 días de anunciarse los ejes del proyecto, ayer comenzó oficialmente la tramitación del proyecto de reforma tributaria en la comisión de Hacienda de la Cámara, en una cita marcada por los cuestionamientos de los diputados -en particular de oposición- y por la defensa del texto que realizaron autoridades del Ejecutivo.
Pasadas las 15 horas, la ministra (s) de Hacienda, Claudia Sanhueza, comenzó a exponer el proyecto sobre impuesto a la renta, exenciones y medidas para combatir la evasión y la elusión, que se considera el “corazón” de la iniciativa, en paralelo a la tramitación del royalty a la minería, los impuestos correctivos y la nueva Ley de Rentas Regionales.
Acompañado de los coordinadores de Política Tributaria del ministerio, Diego Riquelme y Nicolás Bohme, la economista detalló los distintos capítulos del texto, partiendo por las medidas para combatir la evasión y la elusión.
Quien abrió los fuegos fue el independiente Carlos Bianchi, quien solicitó detalles sobre si el Servicio de Impuestos Internos (SII) tendrá a su disposición más recursos para utilizar inteligencia antificial para así mejorar sus procesos de fiscalización.
De inmediato, fue el turno del RN Miguel Mellado, quien criticó los cambios a la Norma General Antielusión que permitirán al SII calificar administrativamente los actos elusivos, quedando los Tribunales Tributarios como instancia para que el contribuyente reclame dicha calificación. Sus pares Frank Sauberbaum (RN) y Gonzalo de la Carrera (independiente ex Republicanos) coincidieron en el punto, señalando que se podrían lesionar los derechos de los contribuyentes.
El DC Ricardo Cifuentes apuntó a la figura del denunciante anónimo tributario, mostrando su preocupación por una eventual sobrecarga laboral para el SII por la cantidad de denuncias que pudiese recibir. El UDI Gastón Von Mühlenbrock también mostró su preocupación por la capacidad para el fiscalizador tributario de gestionar dichas solicitudes, mientras que el republicano Agustín Romero puso sobre la mesa los eventuales “incentivos” que tendrían los funcionarios públicos para realizar las denuncias en lugar de fiscalizar, ya que el denunciante podría acceder a una recompensa del 10% de la multa cobrada al infractor.
La respuesta de Sanhueza
Luego de tomar nota, la ministra (s) abordó las dudas, partiendo por las críticas a la nueva aplicación de la Norma Antielusiva. Así, Sanhueza recordó que se está en proceso de implementación de la Defensoría del Contribuyente (Denacon), entidad que es “muy relevante” para la agenda tributaria del Ejecutivo.
Riquelme señaló que “en todos los países” donde existe esta norma son las mismas autoridades impositivas las que califican administrativamente su aplicación, reiterando que el peso de la prueba al momento de la calificación recaerá ante el SII y no el contribuyente.
El abogado señaló que no espera una “avalancha” de denuncias anónimas, debido a que la propuesta establece multas para las acusaciones sin pruebas: “No es llegar y denunciar, hay medidas disuasivas importantes”, dijo. Sanhueza agregó que se puede discutir establecer mayores sanciones para quienes filtren información sobre las denuncias, sea desde el SII o desde el mismo denunciante.
Más adelante en la sesión, volvió a estar sobre la mesa la discusión sobre eliminar la exención para rentas provenientes de arriendos de viviendas DFL-2. Bianchi emplazó directamente a Sanhueza a “sincerar” la fórmula del Ejecutivo para evitar que los adultos mayores que reciben rentas por arriendos queden gravados. La ministra (s) señaló que están analizando el tema y que será parte de las próximas exposiciones.
Audiencias con expertos y gremios
se concentrarán durante agosto
La discusión de la reforma tributaria en la comisión de Hacienda de la Cámara será algo más pausada que lo esperado.
Ayer, el presidente de la instancia, Jaime Naranjo (PS), propuso un cronograma de tramitación con miras a que la propuesta se despache a la Sala y sea votada en la Corporación antes del inicio de la discusión del Presupuesto, cuyo hito inicial es el 30 de septiembre, fecha máxima para el ingreso del erario.
Así, la idea apunta a que durante agosto se concentren las audiencias con gremios y especialistas, para luego votar en general y en particular durante septiembre.
La reforma volverá a ser analizada en comisión recién el martes 2 de agosto, ya que la próxima es semana distrital.
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