La comisión mixta de Presupuestos inició el debate de las partidas correspondientes al erario 2023, oportunidad en que el ministro de Hacienda, Mario Marcel y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, confirmaron que el Ejecutivo ya trabaja en un protocolo adicional con diversos compromisos en temas planteados por los parlamentarios como mecanismos para apurar la ejecución de la inversión pública.
Marcel afirmó que el protocolo es relevante, porque “da una proyección más allá del año fiscal y ayuda a ir encadenando decisiones para años siguientes”.
Martínez adelantó que incluirá temas para aumentar la capacidad del Estado en materia de ejecución, para que el Presupuesto cumpla un rol reactivador, además de normas de inversión, de seguridad ciudadana, sobre barrios protegidos, educación, salud, economía y desarrollo social.
Los parlamentarios iniciaron el debate con la aprobación por unanimidad de las partidas que no tenían objeciones: Presidencia de la República, Congreso Nacional, Contraloría; Ministerio de Hacienda, Servel y Bienes Nacionales.
Al inicio de la sesión, se informó que había 414 indicaciones presentadas.
El senador José Miguel Insulza (PS) destacó que lo central es “cómo mejoramos los retrasos en la ejecución de inversión pública, pero que sean desde enero de 2023 y no desde la mitad del próximo año”.
Otras materias que serán parte de las conversaciones en el protocolo son cómo poner en práctica el dictamen de contraloría para regular y pasar a contrata a los trabajadores a honorarios en el sector público, mayores recursos para seguridad ciudadana, para los universidades y liceos bicentenario; para el Servicio Nacional de Migraciones, y compromiso con los temas de seguridad alimentaria.
El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) indicó que “ante la amenaza y el fantasma de la inflación”, es necesario considerar en el protocolo “algún elemento que gatille la eventualidad de contar con ayudas a las familias chilenas”.
A juicio del parlamentario, “así se evitaría recurrir a medidas específicas, pero que sea un compromiso claro del Gobierno que, en caso de necesidad, se pueda echar a andar mecanismo”.
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