La discusión sobre el inminente aumento de las tarifas eléctricas para clientes regulados, tanto personas como empresas de menor tamaño, ha estado centrada en mecanismos para solventar un incremento en el subsidio a las cuentas, que hasta el minuto está focalizado en el segmento más vulnerable de la población, en particular el 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares (RSH).
Esto último equivale 1,3 millones de domicilios en el que residen un total de 3 millones de personas.
Y en el debate hay varios mecanismos que se han puesto sobre la mesa para allegar recursos frescos para ampliar la subvención. Uno de los principales es el denominado “impuesto verde”.
Lo ingresado a arcas públicas por las emisiones contaminantes fijas cayó un 21,1% el año pasado, mientras que lo recaudado por automóviles se incrementó apenas 0,5% en el mismo lapso.
El tributo grava por separado y con distintas fórmulas dos fuentes de polución: las móviles, como los automóviles comercializados de alta cilindrada, contaminantes o en base a diésel; y las fijas, como calderas y turbinas que sobrepasen un umbral de emisiones de dióxido de carbono al año.
Datos de la Tesorería General de la República (TGR) dan cuenta del potencial recaudador de este gravamen, ya que en los últimos cuatro años han ingresado a arcas fiscales más de US$ 1.000 millones a través de este tributo, de los cuales la mayoría provienen de fuentes fijas.
Desde 2020 a la fecha se han recolectado más de $ 900 mil millones por este impuesto, con $ 560 mil millones que provienen de los establecimientos contaminantes.
En 2023, la recaudación total por este concepto cayó 12,3% respecto del año previo para totalizar US$ 257 millones, justo cuando entró en vigencia un cambio legal que amplió el alcance del gravamen.
Lo ingresado a arcas públicas por las emisiones contaminantes fijas descendió 21,1% el año pasado, mientras que lo recaudado por automóviles se incrementó apenas un 0,5% en el lapso.
Según los registros de la Tesorería, se realizaron 263 pagos de contribuyentes afectos al impuesto a las fuentes fijas en 2023, versus los 272 del ejercicio anterior.
Lo que se grava
El impuesto a las fuentes contaminantes fijas se creó en la reforma tributaria de 2014, gravando anualmente las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, y dióxido de carbono, producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto, sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos).
En 2023, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) amplió la cantidad de fuentes obligadas a reportar sus emisiones y que potencialmente pueden ser gravadas con el impuesto. Así, se pasó de 87 establecimientos, equivalentes a 313 fuentes (calderas y turbinas) en 2022, a 129 establecimientos equivalentes a 1.121 fuentes (incluyendo procesos con combustión), durante el año pasado.
¿La razón? Un cambio legal de 2020, que estableció como condición la emisión al aire de los materiales contaminantes ya señalados, pero cuyas fuentes ahora emitan 100 o más toneladas de material particulado, o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono, duplicando el umbral original de la norma.
Mesa técnica suma tres nuevas sesiones
Frente a las alzas en las cuentas de electricidad, la atención está puesta en el resultado que pueda arrojar la mesa técnica asesora comprometida en el marco de la discusión del entonces proyecto de ley estabilización de tarifas eléctricas, la que en las últimas horas sumó más jornadas de trabajo.
La instancia -que este lunes tuvo una segunda sesión donde recibieron los primeros invitados y culminó el análisis en torno a la posibilidad de ampliar el actual impuesto verde a las emisiones de carbono (CO2) para financiar un aumento de la cobertura de subsidio eléctrico- mantendrá su calendario original, pero se agregarán tres sesiones extraordinarias.
Entre ellas, este jueves se analizará la situación de los electrodependientes. Y, el próximo lunes, será el turno para abordar la polémica propuesta impulsada por parlamentarios sobre renegociación de contratos.
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