Por Michelle Helguero
El debate sobre la necesidad de realizar una reforma tributaria para financiar los cambios profundos que requiere la educación en el país, nuevamente se puso sobre la mesa y ahora de la mano de un contundente estudio realizado por expertos del departamento de Economía de la Universidad de Chile.
De hecho, este análisis aparece justo en momentos en que el gobierno logró sacar el tema de la discusión política. Ello, luego que hace tres semanas la discusión de subir o no los tributos marcara la agenda del Ejecutivo y pusiera en alerta al empresariado. Y es que tal ruido generó la eventual medida, que el Ejecutivo decidió enterrar -al menos por el momento- el tema. Incluso, así se lo comunicó el propio presidente Sebastián Piñera a los dirigentes de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) en un almuerzo el pasado 19 de agosto.
Aunque desde las esferas del Ejecutivo han hecho trascender que de haber cambios, estos serían mínimos y van en la línea de mantener el alza de 20% a los impuestos de primera categoría que se subieron para la reconstrucción.
Recursos permanentes
No obstante, en el estudio denominado “Costos y Financiamiento de las Propuestas de Reforma de la Educación en Chile”, los expertos plantean que para allanar recursos a los cambios en la educación escolar y superior se debe hacer con ingresos permanentes, tal como se ha hecho en gran parte de las grandes reformas sociales como el Plan Auge y la Reforma Previsional. Por ello, afirman que para concretar una transformación de magnitud se requiere una reforma tributaria.
En el documento, dado a conocer ayer, se presenta una comparación de las propuestas presentadas por el gobierno, movimiento estudiantil y la oposición, cuya estimación de costos se estiman entre 1,4% a 2,2% del PIB en régimen. Y explica que “se requiere respetar el principio de consistencia fiscal estableciendo un financiamiento permanente, no un fondo transitorio” como lo plantea el gobierno.
Según los expertos, de acudir a fondos tansitorios se está “vulnerando el principio básico de responsabilidad fiscal: que los compromisos de gastos permanentes deben contar con fuentes también permanentes de financiamiento”.
Asimismo, el estudio dice que cualquier “política social que implique aumento del gasto permanente, y, en particular, de esta envergadura, debe tener asociadas sus fuentes de financiamiento”.
Y, agrega que no sólo debe ser de “corto plazo sino también para el largo plazo”.
Financiamiento
Los expertos además señalan que existen dos problemas respecto del financiamiento de la reforma del gobierno, GANE, que “establece un traspaso de US$ 4 mil millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) a un nuevo Fondo para la Educación (FE)”. Éste financiaría el mayor gasto en Educación en los próximos 4 a 6 años. El problema, afirman, dice relación con que los fondos ahorrados en el (FEES) tienen como fin “financiar eventuales déficit fiscales y realizar amortizaciones de la deuda pública, contribuyendo así a que el gasto fiscal no se vea afectado por los vaivenes de la economía mundial y la volatilidad de los ingresos que provienen de los impuestos, el cobre y otras fuentes”. De hecho, añaden, con esos fondos se enfrentó la crisis de 2008 sin realizar ajustes a las políticas sociales, y más aún, “realizar un aumento del gasto público tanto en inversión como en políticas sociales”.
Asimismo, aclaran que “la responsabilidad fiscal que implica una regla contracíclica del gasto público sugiere que en años de bonanza los recursos del FEES debiesen aumentar –acumular y no desacumular- en clara oposición al GANE”.
Y como la reforma educacional implica gastos permanentes y de envergadura, el estudio discrepa con los que dicen que la reforma se puede financiar con el incremento de la recaudación dado el mayor crecimiento económico. “No parece adecuado, pues no considera posibles ciclos negativos en el futuro. Las estimaciones de este informe consideran un PIB en régimen, esto es, ya considera los efectos de un crecimiento económico a futuro”.
Conclusión
Y, recalca que para financiar la reforma hay que aumentar impuestos. Aquí se deben considerar incrementos “tanto en la base tributaria como en las tasas, se torna inevitable”. Por ello, proponen “la implementación de impuestos verdes (a los combustibles y CO2), reducción de exenciones en la base tributaria, además de un incremento al impuesto de primera categoría”.
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