El gobierno suscribió esta tarde un crédito por US$ 100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), préstamo que busca apoyar un programa de Energía Sostenible para avanzar en una política energética de largo plazo validada por la sociedad a través de un proceso ampliamente participativo.
El préstamo fue suscrito en una ceremonia realizada en el Ministerio de Hacienda, en la que participó el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, junto a su par de Energía, Andrés Rebolledo y la representante del BID en Chile, Carolyn Roberts.
Los objetivos del préstamo apuntan a elevar la competencia y eficiencia del mercado energético, mejorar su capacidad institucional, promover la diversificación y participación de las energías renovables, fomentar el uso eficiente de la energía, e incrementar los intercambios y la transferencia de energía a nivel internacional.
El programa se estructura bajo la modalidad de un préstamo en Apoyo de Reformas de Política y considera dos tramos de desembolsos por US$ 50 millones cada uno, asociados al cumplimiento de un conjunto de reformas acordadas entre el BID y el gobierno, con el fin de alcanzar los objetivos de la iniciativa.
El primer tramo reconoce y valida los avances que se han alcanzado como parte de la nueva Política de Energía de Largo Plazo (Energía 2050), la nueva Ley de Transmisión Eléctrica, así como otras acciones de políticas, normativas y directrices tendientes a promover el desarrollo de energías renovables, fomentar la eficiencia energética y facilitar la integración energética regional. En tanto, el segundo tramo se concretará fundamentalmente contra nuevos avances acordados en la implementación de la Política de Energía (Energía 2050) y de la nueva ley de Transmisión Eléctrica. Se trata de un crédito por 12 años, con un pago único que se hará en ese plazo y una tasa de interés basada en Libor.
Los componentes del programa incluyen asegurar la consistencia y estabilidad del entorno macroeconómico, desarrollar una política energética de largo plazo e impulsar la competencia. De esta manera, se busca mejorar y simplificar los esquemas y procesos tarifarios de monopolios naturales para facilitar la competencia, la incorporación de energías renovables y la reducción de las tarifas a los consumidores.
Se establece también el impulso de la competencia y las inversiones en la generación y transmisión eléctrica para ampliar el número de actores relevantes y facilitar la incorporación de capacidad de generación eléctrica limpia en forma competitiva, además de fortalecer la institucionalidad del sector energético.
Del mismo modo, el programa promoverá el desarrollo de energías renovables a partir de mejoras normativas e institucionales e incrementará la participación de energías renovables no convencionales, contribuyendo a alcanzar la meta de un 20% de inyección de este tipo de energías para el año 2025.
Adicionalmente, fomentará el uso eficiente de la energía en el sector público y privado para lograr una meta de ahorro de 20% para 2025; y apoyará la integración energética regional con medidas que contemplarán desde el proceso de interconexión de los dos grandes sub-sistemas nacionales (SIC y SING), hasta la materialización de transacciones internacionales de energía, con el fin de aportar a la mejora del abastecimiento y la seguridad de suministro, y lograr beneficios económicos y ambientales.
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