Desde que estalló, hace ya casi un año, el caso Caval se ha transformado en el mayor dolor de cabeza del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Pese a que en un principio en La Moneda señalaron que éste fue un tema entre privados, la participación de Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria, y su esposa, Natalia Compagnon en el negocio, profundizó una crisis de confianza en la ciudadanía que se arrastraba desde el estallido del caso Penta.
Lo anterior se tradujo en una baja en las encuestas para el gobierno, la clase política, pero especialmente para la Presidenta, quien, además, el lunes se enteró de que su nuera sería formalizada por declaraciones de impuestos falsas, en una audiencia que se llevará a cabo el próximo viernes 29 de enero.
Y si bien hasta ahora nadie en palacio se había referido a los efectos personales que el caso le ha traído a la jefa de Estado, ayer el ministro del Interior, Jorge Burgos, se salió de libreto y reconoció que la formalización de Compagnon y el caso le ha afectado.
“Es obvio, a mí me pasaría lo mismo y a cualquiera persona normal le pasaría lo mismo, pero ella hace un distingo entre sus dolores personales, legítimos, respecto del funcionamiento del gobierno que ella preside, que conduce”, dijo Burgos, en relación a si el tema le ha “dolido” a la presidenta.
Precisó, eso sí, que independiente de los problemas “esta es una república que funciona por disposición de la inmensa mayoría, conducida por su excelencia la Presidenta de la República, y esta República funciona y las instituciones funcionan”.
En ese contexto, Burgos dio a entender que aun cuando se trata de la familia presidencial, nadie está por sobre la ley. “El vocero fue muy claro al respecto. Aquí más allá de una cosa que es muy legítima que son los dolores personales y eso todo el mundo lo tiene que entender, la Presidenta de Chile preside un gobierno, un Estado, donde una de las cosas fundamentales de esta república que es Chile es que las instituciones funcionen y funcionan, cada una ejerciendo su rol conforme a lo que establece la Constitución y las leyes”, insistió.
Pero pese a todo el revuelo, que tanto en el oficialismo como en la oposición, ha generado el anuncio de que la nuera de la mandataria será formalizada, el ministro llamó a la calma. “Las personas que son citadas a declarar como imputadas, que son formalizadas, tienen todo el derecho también a la defensa, cualquiera que sea y no hay juicio de culpabilidad en un Estado de derecho hasta que está dictada una sentencia y si además no tiene recursos pendientes”, recalcó.
Agregó que antes de todo esto, no se deben emitir juicios. “Son procesos y los procesos tienen que terminar para dictar sentencias y las sentencias las dictan los tribunales”, dijo el secretario de Estado.
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