Por 44 votos a favor y en 65 contra, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Carmen Castillo.
La secretaria de Estado valoró el resultado de la votación. Junto con señalar que se trata de un acto de justicia, Castillo aseguró en el ejercicio de sus funciones como ministra no ha infringido ninguna ley.
"Solamente decir que he cumplido con las leyes, he cumplido con la constitución. Jamás he infringido ninguna de ellas. Por lo tanto, siento que se hace justicia de algo de lo cual se me había imputado. Estamos muy llano siempre a continuar trabajando fuertemente por la salud pública que es lo que nos compete", dijo la secretaria de Estado.
Aunque en la antesala de la votación se manejaba el escenario del rechazo, el resultado igualmente dejó molesto a la oposición.
"Se ha blindado a una ministra, a un gobierno donde el 80% de los chilenos reclaman por su mal estado y por su mala gestión. Consideramos improcedente lo que hemos vivido. Pensamos que los diputados del oficialismo iban a estar con la gente, y eso así no ha sucedido. Y tenemos una mala noticia, la salud pública seguirá empeorándose los próximos dos años de gobierno y eso obviamente no lo soporta la estructura del país", dijo el diputado Sergio Ulloa (UDI).
"Parafraseando a un diputado de la Nuevo Mayoría, hoy la ministra se ha salvado de la acusación constitucional, sin embargo no se va a salvar la salud pública. Hemos visto hoy día como la Nueva Mayoría al rechazar la cuestión previa nos ha dado la razón. Nos ha dado la razón de que había fundamento en esta acusación", complementó la diputada Karla Rubilar.
En el texto de la acusación constitucional se señala que la ministra de Salud es acusada por el incumplimiento de dar respuestas al oficio de la Cámara de Diputados en el contexto de la Interpelación parlamentaria (fue interpelada el 30 de septiembre); graves problemas de gestión hospitalaria en el sector público de salud; dejar sin ejecución las leyes en el caso de las garantías explícitas en salud, en especial la garantía de oportunidad; y la inejecución de la ley que crea un Fondo de Medicamento de alto costo.
La acusación fue analizada en primera instancia por una comisión, conformada por los diputados Marcela Hernando (PRSD), Guillermo Ceroni (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Leonardo Soto (PS) y Lautaro Carmona (PC). Este último presidió el grupo parlamentario, que se inclinó por rechazar la procedencia del libelo.
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