El Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) alista las propuestas que entregará en los próximos días al Presidente de la República, Gabriel Boric, con foco en desplegar medidas para lograr destrabar inversiones a lo largo del territorio nacional, con una mirada regional para ajustar los planos reguladores en las comunas y regiones del país.
El CNDT asesora al Ejecutivo para la implementación de políticas nacionales de desarrollo urbano, rural y de ordenamiento territorial, entre las que se considera avanzar en planes regionales de inversión.
El CNDT asesora al Ejecutivo para la implementación de políticas nacionales de desarrollo urbano, rural y de ordenamiento territorial, entre las que se considera avanzar en planes regionales de inversión.
El grupo asesor está conformado por 49 representantes del sector público, privado, organizaciones de sociedad civil, academia y gremios. Es presidido por la doctora en Planificación Urbana y Regional de la London School of Economics and Political Science y académica de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Paola Jirón, quien destaca las propuestas para la implementación del enfoque territorial en el sistema nacional de inversiones en Chile.
La timonel del CNDT explica que en el Sistema Nacional de Inversiones (SIN) -que norma y rige el proceso de inversión pública de Chile-, “hemos encontrado un espacio donde la perspectiva territorial puede generar enormes beneficios, no solo para mejorar la calidad de los proyectos, sino también para reducir las brechas que persisten y responder de manera efectiva a las necesidades de las personas”.
Agrega que “este enfoque es crucial para la planificación territorial y para reducir inequidades, no solo entre lo urbano y lo rural, sino también a nivel nacional”. Así, el Consejo identificó desafíos críticos, "como las ineficiencias del Estado, la falta de capacidades técnicas en las regiones y la necesidad urgente de fortalecer sistemas integrados y regionalizar las inversiones”.
“Hemos encontrado un espacio donde la perspectiva territorial puede generar enormes beneficios, no solo para mejorar la calidad de los proyectos, sino también para reducir las brechas que persisten y responder de manera efectiva a las necesidades de las personas”.
Paola Jirón, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial
Las propuestas, que se entregarán al jefe de Estado en los próximos días, buscan, ante todo, mejorar la eficiencia del Estado a través de un enfoque territorial, evitando proyectos fragmentados y promoviendo iniciativas que realmente contribuyan a disminuir las desigualdades territoriales.
Jirón adelanta que en los próximos meses se implementará un plan piloto en regiones, respondiendo al gran interés manifestado por los Gobiernos Regionales (Gores) en esta iniciativa.
- Planes Territoriales de Inversión alineados con Políticas Nacionales y Estrategias Regionales de Desarrollo con actualización de metodologías: el Sistema Nacional de Inversiones debe modernizar sus herramientas para alinear los Planes Territoriales de Inversión con una visión regional clara y gobernanza efectiva. También, postula que debiera existir un financiamiento planificado para priorizar recursos mediante convenios de programación con cláusulas específicas y tiempos estratégicos para formular y revisar estos planes al inicio de cada período político, para así evitar retrasos por cambios de autoridades.
- Establecer cláusulas especiales en los convenios de programación para garantizar una gobernanza efectiva que lidere el cumplimiento de acuerdos intersectoriales, asegure su actualización continua y mantenga el flujo de las inversiones territoriales a largo plazo, adaptándose a casos excepcionales.
- Propender a que el SNI, además de evaluar los costos y beneficios sociales de una iniciativa, comunique explícitamente su impacto territorial y defina parámetros de referencia para medir cómo contribuye a cerrar brechas y alcanzar beneficios con pertinencia territorial, reconociendo estándares diferenciados para territorios especiales.
- Monitorear el uso eficiente de la inversión pública y vincularla con los Planes Reguladores Comunales para maximizar su impacto territorial. Esto implica exigir que la norma urbanística asegure que la inversión pública beneficie a la cantidad de personas proyectada por el SNI y evitar cambios posteriores que reduzcan (o impidan alcanzar) ese impacto positivo.
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