Con ciertas dudas y cuestionamientos recibieron este martes académicos y expertos del sector educación el anuncio realizado el lunes por el Presidente Gabriel Boric de un proyecto que elimina el Crédito con el Aval del Estado (CAE) y que crea el nuevo Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).
Si bien todavía falta conocer los detalles de la propuesta, la académica de la Escuela de Gobierno UC, Loreto Cox, indicó que la iniciativa regularía los aranceles de los estudiantes financiados con el nuevo crédito e impediría que las instituciones cobren más que el arancel de referencia.
Ante ello, opinó que los establecimientos tendrán menores recursos. “Esto es muy problemático, puesto que sabemos que, en muchos casos, los aranceles regulados no alcanzan a cubrir completamente los costos de la educación, menos en las universidades complejas y, además, las instituciones tienen poco espacio para crecer en recursos por otras vías”, expuso.
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Acerca del costo de la propuesta, y luego que el Ejecutivo planteara que sería igual o menor a lo que existe hoy, Cox opinó que “pareciera que esos cálculos asumen que los créditos vigentes del CAE son incobrables”.
Otros cuestionamientos de la académica apuntaron a la prioridad que le da el Gobierno a la educación superior, considerando la crisis escolar tras la pandemia; y que el anuncio llegue a 20 días de la elección.
El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, indicó que “no hay manera de que este proyecto sea barato para el Fisco”, ya que implicaría un desembolso de recursos para comprar la deuda, pagarla y condonarla, además de proveer directamente los aranceles que hoy pagan los bancos.
“En resumen, el costo de esta reforma es el mismo que la gratuidad universal, que ya sabemos que no es posible financiarlo”, dijo.
Además, indicó que el establecer un arancel regulado para todas las instituciones equivale prohibir el copago, una cifra que desde la fundación estiman cercano a US$ 1.300 millones anuales para el sistema.
“Es muy importante que esto se considere, porque sería el segundo golpe financiero a la educación superior, que volvería a generar un un golpe a las instituciones y obviamente hacerlas entrar en un déficit que ya están por la gratuidad y afectar principalmente a las universidades de mayor complejidad, de mayor investigación”, explicó.
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Los aranceles
El académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAndes, Andrés Barrios, explicó que hoy el Estado financia el arancel de referencia para becas y créditos, pero todavía pueden cobrar algo por sobre eso.
“Lo que está haciendo este nuevo sistema es decir te vamos a disponibilizar recursos para que puedas financiar tus estudios superiores; y si vienes del 90% más bajo, además vamos a fijar el arancel que pueden cobrarte las universidades”, precisó.
Sin embargo, advirtió que la diferencia entre los aranceles de referencia y los regulados son “bastante considerables” y que “implicaría también disponibilizar de muchos más recursos al sistema de financiamiento estudiantil”.
De la misma manera, el exministro de Educación Raúl Figueroa, señaló que el proyecto es una “reforma tributaria adicional” y que sería “extremadamente complejo para nuestro sistema de educación”.
En conversación con Radio Pauta, dijo que “fijar los precios implica establecer una especie de universidad modelo, para fijar cuál es el arancel que el Estado va a pagar y por lo mismo romper con la diversidad que tiene nuestro sistema y ponerle por la vía de los recursos que entrega el Estado, un límite a las posibilidades de desarrollo de esos proyectos”.
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