Por Víctor Hugo Moreno
La presidenta Michelle Bachelet sostuvo el último encuentro dentro de la ronda de consultas que ha estado realizando para decidir la estrategia frente a la demanda interpuesta por Bolivia por una salida soberana al mar. Ayer fue el turno de la Comisión de RR.EE. del Senado la que se sumó a la opinión unánime surgida en estos encuentros: impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Sin embargo, las divergencias afloran en torno a la oportunidad para llevarla a efecto.
Estas diferencias se hicieron notar en esta última cita, en donde la postura de los representantes de la UDI y RN fue clara y precisa, en cuanto a que debe ser antes del 15 de julio, porque -según el senador RN, Francisco Chahuán- “hay una posición sólida en términos jurídicos, respaldada en el Pacto de Bogotá en términos de que la controversia que planteó Bolivia no es una contienda permanente, sino mas bien basada en el derecho expectaticio y no en la vigencia del tratado de 1904”.
En esa misma línea, también se mostró Alejandro García Huidobro (UDI), al igual que el ex presidente Sebastián Piñera, quien a través de su cuenta de Twitter expresó: “para enviar mensaje fuerte y claro en defensa de legítimos derechos de Chile, el gobierno debiera impugnar ahora la competencia de La Haya”.
Las dudas del gobierno
En las dudas que se han instalado en el gobierno, se estaría considerando la opinión de abogados internacionales que asesoran a Chile, y que llevan años trabajando este tipo de litigios en La Haya, quienes- en su gran mayoría- no recomendarían realizarla como excepción preliminar. Ello, según quienes conocen el caso, debido a que hacerlo en la contramemoria podría ayudar más a exponer los argumentos de fondo del asunto. Se afirma que para estos abogados pedir la incompetencia preliminar a una corte, donde ellos mismos se han desempeñado, es una situación compleja. Bajo ese escenario, desde Cancillería, no estarían viendo con malos ojos presentar la impugnación en la contramemoria, con argumentos de fondo y con más tiempo para no dejar espacio a errores.
En ese aspecto, el mismo canciller, Heraldo Muñoz, indicó a la salida del encuentro que “deben tener los ciudadanos la confianza de que los agentes, los coagentes, los asesores jurídicos han estado trabajando hace mucho tiempo en todas las posibilidades. Por lo tanto, no vamos a improvisar. Si se llegara a optar por el 15 de julio, hay trabajo ya realizado. Y por cierto, si se llegara a optar por el 18 de febrero, más aún”
Un parlamentario oficialista advierte que no es tan simple impugnar a esta corte, pues “no es un tribunal cualquiera, no es como presentar un recurso acá en una corte chilena”, ante lo cual lo más favorable que debiese hacer Chile, sostiene, es preparar todos los argumentos- que no habría duda que nos favorecerían- para el 18 de febrero de 2015 y no ahora.
En esa línea, el senador Jorge Pizarro señaló que finalmente la Presidenta es quien debe tener la última opinión: “hay un criterio unánime en que se tiene que impugnar la competencia de la Corte, la duda está cuándo se hace. Esa decisión tiene que tomarla la Presidenta, así que no saco nada con decirle ahora que me parece mejor o peor”, indicó.
Factor político
Siguiendo la misma opinión de los diputados, quienes solicitaron al gobierno fortalecer la estrategia política, esta vez los senadores de la Alianza le plantearon una acción concreta a la mandataria: incluir dentro de la vocería nacional a los ex presidentes de la República. Ello, considerando el rol que está cumpliendo Carlos Mesa, como representante internacional de la causa marítima altiplánica. La jefa de Estado habría recibido y acogido dicha solicitud, sin clarificarles un procedimiento a seguir.
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