El gobierno aseguró hoy que si se confirman los delitos de corrupción que afectan al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, a quien se acusa de un presunto enriquecimiento ilícito, "se aplicarán las sanciones que correspondan".
"Que se investigue en profundidad, se busque la verdad y si hay delitos se apliquen las sanciones que correspondan", señaló este martes el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, en relación con los hechos denunciados que involucran a Fuente-Alba.
La Fiscalía inició una investigación contra el ex comandante en jefe del Ejército por un presunto enriquecimiento que le permitió acumular un patrimonio de más de $ 3.000 millones en la última década.
"Cualquier información que tengamos nosotros que recabar, tanto del Ministerio de Defensa, como de la institución, en este caso el Ejército, va a ser entregada con esa idea: que se investigue en profundidad", recalcó el titular de Defensa.
Gómez señaló a los periodistas que espera que este asunto no perjudique a las Fuerzas Armadas chilenas en su conjunto, ni al Ejército en particular.
Aseguró que la actitud de su cartera "ha sido de total transparencia y absoluta rapidez" en la entrega de antecedentes que fueron solicitados por el Ministerio Público "junto con establecer mayores sistemas de control".
"Estamos hablando de hechos pasados y esperamos que nuestros controles eviten situaciones hacia el futuro", enfatizó Gómez a su llegada a la ciudad austral de Punta Arenas.
Según una información publicada a fines de abril por el semanario The Clinic, las sospechas sobre Fuente-Alba aparecieron con la revisión de unos documentos oficiales del Conservador de Bienes y el Registro Civil que revelaron que el militar retirado tiene cinco propiedades inscritas a su nombre, dos vehículos de lujo nuevos y dos casas a nombre de su esposa.
El semanario indicó que el ex jefe del Ejército, que ocupó ese cargo entre 2010 y 2014, cobraba un sueldo de $ 3,5 millones de pesos, una cifra que es insuficiente para comprar todas las propiedades que tiene registradas aunque hubiese ahorrado todas sus remuneraciones.
La Fiscalía chilena busca determinar de dónde salieron los más de US$ 1,2 millones de diferencia entre la propiedad del militar y la suma total de su sueldo durante todo su mandato.
La justicia sospecha que el caso podrá ser un nuevo capítulo del llamado "Milicogate", una investigación que reveló una gran operación de desvío de fondos públicos llevada a cabo por oficiales y miembros del Ejército chileno durante el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).
Por el caso se indaga la desaparición de unos $ 2.000 millones de pesos de las arcas públicas a través de facturas falsas que se amparan en el secreto de un fondo conformado por la Ley Reservada del Cobre.
Esta ley, creada en 1958 y profundizada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), entrega a las instituciones castrenses para compras militares el 10 % de las ventas de la minera estatal Codelco, el principal productor mundial de cobre.
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