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Publicado: Martes 10 de enero de 2017 a las 04:00 hrs.
Sin previo aviso se suspendió la reunión que sostendrían ayer en La Moneda un grupo de diputados de la Nueva Mayoría con el subsecretario de la Segpres, Gabriel de la Fuente, para avanzar en la Ley Orgánica de elección directa del gobernador regional, lo que molestó a la Democracia Cristiana que evalúa los pasos a seguir en esta materia.
Según el diputado Marcelo Chávez, representante de la bancada DC, “claramente, no se están cumpliendo los compromisos que el gobierno tenía con nosotros” y que asumió durante la última fase de tramitación de la reforma constitucional. Como, por ejemplo, el hecho de que la Ley Orgánica ingresaría inmediatamente después de la promulgación de la reforma, según enfatizó el parlamentario. El diputado asegura que tampoco ha habido, hasta ahora por lo menos, una fase de diálogo prelegislativo entre el gobierno y las bancadas oficialistas. A su juicio, esto constituye un elemento fundamental para que la iniciativa tuviera una tramitación fluida, agregando que los plazos se acortan para que, efectivamente, la normativa se pueda aplicar este año.
“Queremos saber qué está sucediendo, porque no están cumpliendo los compromisos”, insistió el parlamentario DC.
Aunque no hubo explicación oficial acerca de las razones de la suspensión de la cita, extraoficialmente algunos diputados se enteraron de que se habría producido por falta de acuerdo con el PPD en la fecha de las elecciones.
En tanto, en el Comité Político se acordó echar atrás la polémica propuesta de que los parlamentarios pudieran postular a gobernador regional sin renunciar a sus cargos, dado que la iniciativa se había encontrado con un rechazo transversal por la mala imagen que le genera esta medida a los legisladores.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.