Cuando el próximo viernes se realice la audiencia de formalización en el caso Caval, en la que se le harán cargos por delitos tributarios y soborno a la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, la mandataria estará de visita en Cabo de Hornos, en el extremo austral del país.
Pese a que en La Moneda se han encargado de precisar que se trata de una actividad planificada hace semanas, al menos su ausencia coincide con la única estrategia que se percibe para enfrentar este trance, que es mantenerse lo más distante posible de una situación que la complica sobremanera.
Lo cierto es que esta conducta no sorprende, en la medida en que se asemeja a la que la Presidenta adoptó hace un año cuando estalló el caso, pero sí llama la atención si se considera que su silencio inicial - que sólo rompió con una cuestionada declaración en que no hubo una condena categórica - como asimismo la afirmación de que desconocía los hechos, le han pasado la cuenta.
La prueba es que a estas alturas nadie desconoce que su desmoronamiento en las encuestas, sobre todo en los atributos de confianza y credibilidad, se debe principalmente a la forma que encaró la verdadera bomba que estalló entonces en el corazón de La Moneda.
Es por eso que aunque algunos apuntan a que el daño está hecho, por lo que es poco más lo que puede perder, no pocos perciben que ahora, cuando las esquirlas aparecen amenazantes, Bachelet no debería ampararse en el silencio o en el distanciamiento de la situación, porque ello podría acrecentar los perjuicios.
Por ahora, en todo caso, no se conoce otro diseño, como lo confirmó el ministro Secretario General de gobierno, Marcelo Díaz, cuando en el comité político los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría plantearon la necesidad de tener una posición más clara frente al tema. En dicha reunión, el vocero de Palacio les admitió que aún no existía una postura oficial, porque se estaban analizando los pasos a seguir, por lo que les pidió atenerse al libreto de que los tribunales deben actuar con total independencia.
La explicación que se da en La Moneda es que es tal lo enredosa de una situación que mezcla lo familiar con lo político, que no existen muchas opciones que no sean seguir los lineamientos de la mandataria, pese a que algunos personeros de gobierno, como también del oficialismo, plantean que sería necesario tener una estrategia más efectiva de control de daños.
Sospechas de la pareja
Nadie pone en duda que el caso es extremadamente complejo para Bachelet, especialmente si, como todo indica, es real la ruptura con el matrimonio Dávalos-Compagnon.
En ese escenario, quizás lo que aparece como el factor más complicado es la actitud adoptada por la pareja que ha alimentado la sospecha de que están en una operación político-judicial conjunta tendiente a comprometer al gobierno con el propósito de encontrar más protección.
El primer golpe, en esa línea, fue el que dio Sebastián Dávalos con la sorprendente declaración que decidió dar ante la fiscalía sin ser citado - la que filtró de inmediato- en la que alejándose de la materia que se investiga, lanzó sus dardos en contra del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, acusándolo de haber montado una operación con el caso Caval para ocultar las complicaciones que él tenía por sus nexos con SQM.
En ese momento se encendieron las alarmas en Palacio, donde se asegura que ignoraban tanto la declaración, como las intenciones que podría esconder el primogénito de la Presidenta con su arremetida. Frente al inesperado hecho, la orden fue guardar silencio, e incluso existe la versión de que hubo cierto malestar con el ministro del Interior, Jorge Burgos, por haberla transgredido, pese a que se limitó a comentar que le parecía que no tenía relación con lo que se estaba investigando.
En forma paralela al silencio impuesto desde la presidencia, se le enviaron recados al entorno de Peñailillo de que intentara no hacer ruido por las acusaciones de Dávalos para no complicar más al gobierno.
Pero lo que se intentó controlar con la estrategia del silencio adquirió otro cariz hace una semana cuando se conocieron las declaraciones de Natalia Compagnon, que pese a que en su caso sí fue citada por el fiscal, pero para aclarar algunos aspectos de las materias que la comprometen, no desperdició la oportunidad de disparar también en contra de quien fuera el brazo derecho de Bachelet, culpándolo del mal manejo que tuvo cuando detonó el caso, a lo que se sumó su intento por involucrar a la jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte, en el caso al recordar que su empresa le había pagado $20 millones por una asesoría.
Fue esta declaración, que claramente apuntaba a centrar el tema en La Moneda, porque se trataba de hechos conocidos que, además, ocurrieron en 2012, más la coincidencia con su marido en cuestionar a Peñailillo, lo que ha hecho suponer que se trata de una actitud conjunta, impulsada por el despecho de la pareja tras haberse sentido abandonada.
Dilema presidencial
Las sospechas de que efectivamente lo que ha buscado el matrimonio es ponerle presión al gobierno, se fundan en parte, en que al menos en su entorno existe la convicción de que la querella que presentó el SII en contra de Compagnon a comienzos de mes - que fue la que le permitió al fiscal Luis Toledo solicitar su formalización- fue aceptada por la presidencia.
Una tesis que se estima probable dada la dependencia del Ejecutivo que tiene el organismo fiscalizador, que hace impensable que no se consultara a las más altas esferas por la connotación que el caso tenía, pero además, porque algunos indican que en La Moneda estimaron que era una posibilidad de proteger a Bachelet, desde el momento en que aparecía que actuaba con respeto a la igualdad ante la ley.
Pero considerando que después del supuesto beneplácito a la querella vino la reacción de Compagnon con la declaración al fiscal que también se filtró rápido, la duda que surge es qué debería hacer ahora la Presidenta para impedir que el caso siga escalando.
No faltan quienes consideran que es poco o nada lo que puede hacer, menos si se tiene en cuenta que muchos coinciden con la tesis que lanzó el analista Max Colodro apuntando a que la Presidenta podría estar siendo rehén del matrimonio Dávalos-Compagnon, en la medida en que éste decida hacer públicos antecedentes desconocidos que puedan complicar aún más la situación.
Eso no significa que haya también quienes estiman que, aparte de que no puede aparecer dejándose amedrantar o chantajear, debería tener una actitud más firme de condena a los hechos, como única forma de encarar el caso, que marque una diferencia con la ambigüedad que imperó inicialmente y que ha sido un factor determinante en el daño que se ha producido.
En esa línea, muchos aluden a que una señal importante podría ser acceder a lo que no sólo han pedido los dirigentes de los partidos, sino que lo sugirió el informe de la comisión que investigó el caso en la Cámara de Diputados, en cuanto a que debería abandonar su cargo el actual administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, a quien se lo cuestiona tanto por su relación con el Caso Caval, al haber recibido en palacio al operador UDI Juan Díaz, que fue a pedirle que intercediera para que Compagnon le pagara una deuda, como con una poco clara participación en el episodio de la eliminación de los datos del computador de Dávalos.
Pero por lo que indican al interior del oficialismo, la decisión no se ha tomado, básicamente porque se trata de uno de los personeros más cercanos a Peñailillo que continúan en el gobierno, que además estuvo a cargo de la administración de las platas para la campaña, para la cual recibió directamente aportes de Giorgio Martelli, según reconoció hace poco éste último.
Como en las actuales circunstancias la decisión que existiría es cuidar al entorno de Peñailillo para impedir que la crisis se acreciente, Bachelet aparecería impedida de deshacerse del "intocable" o "el hombre que sabe demasiado", como lo califican quienes no se explican que continúe en sus funciones en La Moneda.
Es en este escenario en que aparece una oscura trama, que para algunos no existe otra opción que esperar que pase el tiempo y que la Justicia haga su papel de manera rápida e independiente. Pero considerando que la situación de Compagnon puede enredarse, no sólo porque podría quedar con medidas precautorias como algún tipo de arresto, sino porque incluso podría estar expuesta a que se le investigue por el delito de estafa tras las declaraciones del empresario Gonzalo Vial Concha de que pudo haber sido engañado para realizar pagos a Caval, no pocos creen que el silencio o la falta de una actitud condenatoria potente, pueden transformarse en el peor enemigo de la Presidenta.
Como sea, todo indica que la decisión no parece estar tomada, mientras lo único claro es que a estas alturas da la impresión de que para Bachelet es difícil, o quizás imposible, tomar el control de una situación que difícilmente no la seguirá dañando.
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