Mientras la reforma laboral entra en su etapa final de diseño por parte del Ejecutivo, en las últimas semanas el empresariado ha empezado a afinar el detalle de la que será su reacción frente a la iniciativa que ingresará a trámite legislativo antes de fin de año.
Comparado con la compleja discusión que significó para el sector privado el trámite de la reforma tributaria en el Congreso -donde en un comienzo criticaron a la autoridad por la excesiva celeridad en el debate y luego plantearon que si bien el protocolo de acuerdo mejoró el proyecto, la carga impositiva quedó elevada-, esta vez las expectativas son distintas. En el sector privado han visto con buenos ojos las señales que ha enviado la presidenta Michelle Bachelet en cuanto a que la implementación de la agenda laboral será gradual y que la oportunidad de envío la decidirá la propia mandataria. También miran con interés el diálogo pre legislativo que intensificó en las últimas semanas la ministra del Trabajo, Javiera Blanco -donde enfatizó la disposición a llegar a acuerdos-, y las reuniones que han sostenido los asesores técnicos de los ministerios del Trabajo y Hacienda con los gremios.
"La reforma laboral es muy relevante para el desempeño empresarial y le estamos dando la importancia que tiene, esperamos ser escuchados y que sean atendidas nuestras visiones, porque van a estar ligadas con la posibilidad de que en el país se siga invirtiendo y se desarrolle", dice un representante gremial de los empresarios.
Análisis de propuestas
ecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), encabezado por Andrés Santa Cruz, analizó las conversaciones que han tenido los equipos técnicos de la multigremial con los representantes del gobierno para acercar posiciones en torno a la reforma. Una fuente de ese grupo señala que hasta ahora no se ha conocido el articulado de la propuesta. "Sólo hemos visto los titulares y el corazón que está configurado por la titularidad sindical y el fin del reemplazo en huelga", dijo. Ante este escenario, en la CPC se preparan para que cuando el gobierno ingrese el proyecto de cambios a la legislación laboral al Parlamento, tengan un planteamiento alternativo. Junto con revisar los enunciados del programa de gobierno, la comisión laboral del gremio empresarial que dirige el vicepresidente de la Sofofa, Rafael Guilisasti, y que integran además Pablo Bobic, Fernando Alvear y Alfonso Swett, han pedido observaciones a las demás ramas del empresariado en la materia y han evaluado los primeros planteamientos que harán llegar al Ejecutivo. En ese horizonte, negociación entre empleadores y sindicatos de jornadas de trabajo, cambios al sistema de financiamiento de capacitación y ajustes en la indemnización por años de servicio -con eliminación del descuento del 1,6% que aportan los privados a la cuenta individual de cesantía del trabajador cuando se despide a un empleado por necesidades de la empresa-, aparecen como las principales iniciativas que se estudian. "Vamos a reaccionar frente al planteamiento que haga el gobierno, éste tiene la iniciativa en esta materia. Cada rama tendrá que fijar los temas de carácter sectorial y los asuntos de competencia general los vamos a abordar como CPC con una visión compartida. Todo va a ser en función de cómo el gobierno quiere asumir el desafío y entendemos que todavía no tiene totalmente decantados los titulares", anticipa un dirigente que forma parte del comité ejecutivo de la multigremial.
Hasta ahora, el empresariado no tiene una postura consensuada respecto de apoyar el fin del reemplazo en huelga. Al respecto, el timonel de la CPC, Andrés Santa Cruz, ha dicho que no es conveniente impulsar este tema en medio de un contexto de desaceleración, mientras el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock planteó la necesidad de mantener el instrumento a favor de las empresas. De todos modos, en los últimos diálogos que tuvo con la CUT en la OIT, la Confederación planteó la disposición a postergar la posibilidad de reemplazo de trabajadores al vigésimo día de huelga. Sobre la titularidad sindical, el gremio espera tener una definición más acabada por parte del gobierno, pero en todo caso hay visiones que advierten que cualquier innovación en esa línea debe adecuarse a la norma constitucional de libertad sindical.
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