Es uno de los proyectos más destacados de la agenda laboral del gobierno. Tanto, que el Ministerio del Trabajo ha postergado su envío al Congreso, para fomentar un acuerdo entre trabajadores y empleadores.
Sin embargo, el Estatuto del Temporero -promesa de campaña de Michelle Bachelet- podría ser un rotundo fracaso, según concuerdan organizaciones campesinas y de empresarios que integran la mesa del sector agrícola, que ayer se reunió nuevamente.
El gobierno propone regular la negociación colectiva de los temporeros a través de sindicatos de trabajadores transitorios, de base territorial, interempresa o de empresa; grupos de trabajadores unidos sólo para negociar; y confederaciones o federaciones, representando a un sindicato base. También explora, según una fuente de gobierno, “una fórmula donde coexistan la negociación reglada y no reglada”.
Un estatuto irrelevante
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, fue categórico: “Se habla de una negociación colectiva reglada con sindicatos comunales, lo que es una utopía, porque el trabajador no va a pagarle a un dirigente, porque ellos tienen una tremenda libertad en el campo, no sólo para negociar, sino que para moverse libremente”.
Probablemente, agregó, “tendrás una legislación sin impacto”.
En la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) defiende que las trabajadoras y los trabajadores por temporada puedan negociar a través de sindicatos comunales, provinciales o regionales, pero, al igual que la lectura de la SNA, creen que “difícilmente aumente la sindicalización” y que “el hecho que el resto de las organizaciones campesinas que integran la mesa y los empleadores concuerden en la negociación colectiva demuestra que el estatuto no servirá de nada”.
El experto en derecho laboral de la Universidad Alberto Hurtado, José Luis Ugarte, advirtió que “por las dificultades de organización, el estatuto no tendrá efecto relevante en las relaciones laborales del campo”.
Es un proyecto, agregó, “cuyo destino es ser intrascendente”.
Para el abogado, “si realmente se busca mejorar condiciones laborales y mayores capacidades, se tienen que establecer mecanismos de negociación por área o sector, para lograr condiciones mínimas, como se hizo con la Ley de Sindicalización Campesina (de abril de 1967)”.
Ugarte puntualizó que “tal como la CUT negocia el salario mínimo de todos los trabajadores, independiente si están o no afiliados a la central, una organización campesina podría, por ejemplo, negociar las condiciones mínimas para todos los trabajadores de la uva del Valle del Elqui. Es decir, una negociación sectorial”.
Otros cambios que el gobierno ha propuesto son sumar el empleo en packing directo al universo del trabajo por temporada y considerar una indemnización de 2,5 días por cada mes trabajado, tal como lo establece el proyecto que regula los contratos por obra o faena, que se debate en el Senado. La próxima reunión se realizará el 28 de febrero.
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