El impuesto al dióxido de carbono (CO2) que se ha incorporado en el Proyecto de Ley de la Reforma Tributaria, afectará la competitividad de la industria nacional debido al incremento en las tarifas a los clientes libres. En particular, afectará a la industria minera en su competitividad a nivel regional, ya que Chile mantiene altos precios de energía en el mercado mayorista respecto de sus países vecinos. A su vez, en el mediano plazo implicará un alza de precio a los consumidores regulados. Si consideramos que la expansión del sistema eléctrico se efectúa sobre la base de generación térmica más eficiente -carbón- el impuesto generará un incremento de aproximadamente 5 US$/MWh (+6%).
Cabe tener presente que Chile ya realiza esfuerzos para reducir emisiones de CO2, lo cual se reconoce en el estudio de la OCDE “Effective Carbón Prices” publicado a fines del 2013.
En ese informe, la OCDE efectúa una revisión de los costos efectivos en que incurren los países miembros, en la reducción de gases efecto invernadero como consecuencia de la implementación de políticas en diferentes sectores de la economía.
El estudio indica que a través de las políticas aplicadas en el sector eléctrico y que fueron consideradas en el análisis de la OCDE, Chile ha abatido más del 10% de las emisiones que habría incurrido respecto del escenario Business As Usual (BAU). Entre dichas políticas destacan aquellas relativas a la promoción de energías renovables no convencionales, la que impone un costo por abatimiento de emisiones de CO2 a los consumidores de electricidad por un monto anual de 83 millones de Euros, lo que equivale a un costo de abatimiento de 13 a 65 Euros por tonelada de CO2.
La OCDE reporta que estos costos de abatimiento de emisiones para Chile se estiman en alrededor de 0,05% del PIB, lo cual supera a países como Australia, Brasil, Francia, Corea y Japón.
Así, considerando que la ONU ha fijado la meta de alcanzar un Acuerdo Climático Global Vinculante en la COP 21 que se desarrollara en Francia el 2015, para que Chile no se presente con desventajas en esas negociaciones resulta relevante diferir la aplicación de este tipo de medidas al menos hasta el 2020 y condicionar su aplicación a la vigencia de dicho acuerdo global.
De esta forma, todos aquellos países que compiten con nuestra industria local enfrentarán los mismos costos por mitigación de CO2 logrando así “mantener pareja la cancha” para Chile y, con ello, no perjudicar el desarrollo de nuestra actividad económica y cumplir al mismo tiempo los objetivos del gobierno de reactivar la economía, mejorar la educación y salud y superar la pobreza.
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