La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se reunió este martes con la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, para entregar detalles del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, cuya publicación empieza el próximo 18 de noviembre.
El Registro garantiza y promueve el pago de estas deudas y fue promulgada el año pasado. Es distinta a la ley del proyecto de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, que fue aprobada dos meses atrás y que entrará en vigencia en mayo del próximo año.
Desde su fecha de inicio, se podrán solicitar el ingreso al Registro quienes desde el 18 de noviembre tengan tres meses impagos continuos o cinco discontinuos. Una vez formen parte de este, las municipalidades podrán no renovar su licencia de conducir, ni pasaporte. Además, los deudores se les retendrá a su devolución de impuestos de la Operación Renta y no podrán inscribir venta de vehículos o bienes inmuebles si no se acredita que esos recursos serán destinados al niño.
La ministra Orellana explicó que, según dice la ley, a los deudores tampoco se le van a poder otorgar recursos o beneficios para emprendimientos, formalización de empresas u otro tipo de fomento productivo. “Esto en el entendimiento de que si tienen oportunidad de poder escalar sus empresas, probablemente también tengan la oportunidad de pagar su deuda”, señaló.
Además, precisó que el registro “corre para pensiones de alimentos que estén determinadas o fijadas por el tribunal” y que habrá un calendario de capacitación para aplicar la información en terreno con todos los actores involucrados.
“Vamos a seguir buscando todas las instancias de colaboración, por ejemplo, con los gobiernos locales para informar de la mejor forma respecto de estas dos cuestiones porque sabemos, los alcaldes también lo saben, que son medidas muy esperadas por la ciudadanía, sobre todo por las mujeres y los niños”, dijo.
Acerca del mecanismo, Orellana explicó que las instituciones se deben enrolar y que en conjunto con el Ministerio de Justicia ya se han enviado un oficio a más de 600 instituciones para que se enrolen en el registro.
También precisó que la información de quienes estén inscritos en el registro no será totalmente público y podrá ser consultado por “los funcionarios municipales que, por ejemplo, tengan que hacer ese trámite, los abogados de cada parte, los tribunales de familia, el demandado y la demandante y también cualquier tipo de instituciones que se involucran en el proceso”.
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