Un proyecto para establecer un mecanismo de protección para los trabajadores que usaron una o más licencias médicas preventivas parentales en el marco de la crisis sanitaria, y que aún no pueden volver a sus empleos por motivos de cuidado de sus hijos menores de dos años, ingresó el Gobierno al Congreso la semana pasada.
La propuesta busca que los beneficiarios de la llamada Ley de Crianza Protegida, ya sean dependientes -privados o públicos- e independientes, sigan recibiendo una parte de sus ingresos, y, al mismo tiempo, conserven su fuente laboral.
"Frente a un escenario que pone en peligro los trabajos de la ciudadanía en general, debemos poner especial foco en proteger los de aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como lo son las mujeres", se lee en el mensaje presidencial de la propuesta.
El detalle de la propuesta
¿La novedad? Si bien la Ley de crianza protegida ya permitia suspender los contratos de trabajo, la nueva propuesta legal mejora los montos involucrados, ya que le permite a las trabajadoras recibir tres giros correspondientes al 70% del promedio de su remuneración.
En el escenario anterior, la cifra presentaba una disminución.
Además, los pagos de estos tres giros se realizarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, según el proyecto.
En el caso de los trabajadores independientes y que se encuentren en la misma situación antes descrita, el texto propone que tendrán derecho a "percibir un bono de cargo fiscal, equivalente al 70% del monto que sirva como base de cálculo del subsidio que han recibido durante el uso de la licencia médica preventiva parental".
De acuerdo al informe financiero de la propuesta, este bono considera un universo aproximado de 2.400 potenciales beneficiarios correspondientes a trabajadores independientes.
Así, se estima un mayor gasto fiscal que asciende a US$ 4,2 millones, por un lapso de tres meses, los que serán financiados con cargo al Fondo de Emergencia Transitorio contemplado en la Partida del Tesoro Público.
El impacto en el sector público
Adicionalmente, para las trabajadoras del sector público y de las Fuerzas Armadas que tengan a su cuidado niños menores de dos años, el proyecto establece un permiso sin goce de remuneración y bono para los funcionarios que no puedan retornar a sus funciones por motivos de cuidado.
Esta última idea consiste en un permiso por hasta tres meses, periodo durante el cual recibirán un bono mensual, de cargo de la respectiva entidad empleadora, equivalente al 70% de la remuneración bruta que le correspondería, con tope de 122,6 UF, según detalla el informe financiero de la iniciativa gubernamental.
La propuesta inició ayer precisamente su discusión en la comisión de Trabajo del Senado, instancia en la que se acordó continuar con su tramitación en los próximos días.
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