Hoy, con 89 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados respaldó el proyecto que modifica el sistema de gratificaciones. La propuesta ahora deberá ser analizada por el Senado.
El proyecto aprobado propone que los establecimientos mineros, industriales, comerciales o agrícolas, empresas y cualesquiera otros que persigan fines de lucro, y las cooperativas, que estén obligados a llevar libros de contabilidad y que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros, tendrán la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores. Los montos a repartir dependerán de la facturación anual de la firma.
Así, el reparto de utilidades será del 8% para aquellas empresas que tengan una facturación anual igual o superior a 2.400 UF e inferior a 25.000 UF y 10% para las que tengan una facturación anual igual o superior a 25.000 UF e inferior a 100.000 UF.
Para las firmas que tengan una facturación anual igual o superior a 100.000 UF, el porcentaje a repartir será del 15%.
"La utilidad líquida a repartir se dividirá por partes iguales entre la totalidad de los trabajadores con derecho a ella, con un máximo por trabajador equivalente a la suma de veinte ingresos mínimos mensuales", propone el proyecto.
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De acuerdo a la iniciativa, esta obligación no aplicará respecto del personal que esté dotado de facultades generales de administración, tales como gerentes o subgerentes.
En el caso de empresas con menos de dos años de operaciones registradas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), la indicación establece que estarán obligadas al pago señalado en el artículo 50. ¿Qué significa esto? Que tendrán que optar por pagar el 25% del sueldo anual, con un tope por año de seis ingresos mínimos mensuales al año.
La propuesta, además, plantea que el Consejo Superior Laboral, con la información y antecedentes que podrá recabar de la Dirección del Trabajo, del Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio de Economía, deberá emitir a partir del segundo año de vigencia de la ley, un informe sobre la evolución de su cumplimiento, su impacto sectorial y regional, así elaborar recomendaciones.
La discusión
"Este proyecto intenta corregir las deficiencias de la participación de los trabajadores en las utilidades", sostuvo el diputado DC, Iván Flores. Para él, la propuesta impulsada por el diputado Tucapel Jiménez, va en la línea correcta, ya que el actual sistema "ha sido abusado por el más poderoso".
Una opinión similar entregó la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, quien respaldó el proyecto. "Creemos que los trabajadores no sólo deben ser mejor remunerados, sino que también deben tener participación en la utilidad de las empresas".
El impulsor de la propuesta, el diputado PPD, Tucapel Jimenez, señaló que se trata de un proyecto que tendrá efectos positivos en el mercado laboral y en el ambiente laboral.
"Este proyecto creará vínculos, creará motivaciones, hará sentir que todos valen lo mismo, y esto mejorará sustancialmente la relación entre trabajadores y empleadores", aseguró.
En la vereda contraria, el diputado Evópoli, Francisco Undurraga, cuestionó el proyecto, y aseguró que tendrá impactos negativos, los que afectarán principalmente a las PYME.
"Estoy en contra de este proyecto", dijo, agregando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que la propuesta, tal como está, podría impactar negativamente. "En su exposición la OIT destacó como un efecto negativo de esta política la distorsión en favor de las grandes empresas que se generaría. Una pyme, con el tamaño de su operación, es imposible que compita con una gran empresa en cuanto a la distribución de sus utilidades, las pymes no podrán ofrecer repartir el monto por concepto de ganancia como lo harán las grandes empresas, y menos podrán dar la misma certeza de gratificación", cuestionó.
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