Uno de los cambios menos conocidos de la reforma laboral que impulsó la expresidenta Michelle Bachelet -y que entró en vigencia en abril de 2017- es la modificación a una de las normas que dice relación con la disolución de un sindicato.
Antes de dicho cambio normativo, las solicitudes para terminar con una organización sindical sólo podían ser realizadas por los propios socios del sindicato o por la Dirección del Trabajo (DT).
Tras la reforma laboral, entró en vigencia el artículo 297, el cual permite que los empleadores puedan activar dicha opción, y luego dicha entidad debe recurrir a la justicia para iniciar un juicio y concretar la disolución.
Sin embargo, no es llegar y presentar una solicitud de este tipo. Según establece dicho artículo, el empleador podrá solicitar fundadamente a la Dirección del Trabajo la disolución de una organización sindical en caso de observar incumplimiento grave de las obligaciones que le impone la ley o por haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para su constitución.
Detalle de las cifras
De acuerdo a datos obtenidos vía Ley de Transparencia por el equipo laboral del estudio jurídico Albagli Zaliasnik -liderado por el abogado y socio de la firma, Jorge Arredondo-, entre 2017 y 2020 han ingresado 100 peticiones a la DT para dar término a un sindicato.
La Dirección Regional Metropolitana Poniente de la DT encabeza el listado con 22 requerimientos. Más atrás en el listado aparece la Dirección Metropolitana Oriente de la DT, la cual ha registrado 12 solicitudes de disolución entre 2017 y 2020.
¿Qué empresas han presentado este tipo de datos? De acuerdo a la información, en la región Metropolitana CMPC, Empresa B.O Packaging, Hipermercados Tottus, Opticas OPV, Minera San Pedro, Gendarmería de Chile y Consejo Nacional de Televisión, entre otras.
Al mirar el resto de las regiones, los datos muestran que en Arica y Parinacota existen dos solicitudes de disolución en las inspecciones de la DT; en Tarapacá cinco; en Antofagasta, nueve; Atacama, tres; Coquimbo, cuatro; en Valparaíso, hay once; en la región de O'hhigins, siete; en el Maule tres; en Ñuble, tres; en el Bíobío, ocho; en La Araucanía, sólo una; en Los Ríos, no existen solicitudes de este tipo; en Los Lagos, cinco; en Aysén, cuatro; y en Magallanes solo una.
"Si uno analiza los datos, existen muy pocas solicitudes por parte de las empresas, lo que puede interpretarse en el sentido de que no existe un interés o incentivo a que los empleadores realicen esta acción, o que los sindicatos no se están alejando de su espíritu, razón por la cual no se ha recurrido a este mecanismo para solicitar su disolución", sostuvo respecto a las cifras Arredondo.
De acuerdo a los datos, menos del 50% de las solicitudes que han ingresado a la DT se ha judicializado. "Son muy pocos casos en los que la DT inició la acción judicial, y son aún menos los casos en los que efectivamente la justicia ha establecido la respectiva disolución", dijo Arredondo, quien agregó que la DT antes de interponer la acción judicial debe analizar los antecedentes y realizar una serie de trámites administrativos para ponderar si requiere llevar o no el tema a la justicia.
De acuerdo al abogado, si bien la norma entró en vigencia en 2017 "habrá que esperar un tiempo más, un par de años al menos, para analizar la correcta inclusión de este mecanismo, y si resulta o no ser una herramienta eficaz".
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