La directora de Presupuestos, Cristina Torres, criticó la carta que publicaron los economistas Andrea Repetto, Rodrigo Valdés, Eduardo Engel y José De Gregorio, en que pidieron aplazar discusión de la Pensión Garantizada Universal (PGU), e insistió en que se trata de una iniciativa que representa una solución urgente para los pensiones y que cuenta con financiamiento.
La posibilidad de que se apruebe la PGU se está alejando luego de que la oposición en bloque saliera a poner en duda el financiamiento de la iniciativa, a partir de la carta de esos académicos ligados a la exNueva Mayoría.
En una carta publicada en la edición del miércoles de El Mercurio, el mismo medio donde expusieron sus objecciones los economistas, Torres dijo que se planteara que sin financiamiento la PGU -una iniciativa que está en tabla para ser votada en la Sala de la Cámara de Diputados el 3 de enero- no es una solución.
"Es importante explicar ciertas aristas que permiten refutar esa idea. Tanto la administración anterior como este gobierno han impulsado iniciativas hoy trabadas en el debate legislativo, y los pensionados no merecen seguir esperando. La solución está a la vuelta de la esquina y, dejando de lado la estrechez política, si este proyecto se aprueba, su pago en febrero mejorará la calidad de vida de los adultos mayores", indicó la directora de Presupuestos.
"¿Es esta una crítica a la forma o al fondo? Si es a la forma, y a la separación del proyecto de exenciones, instamos a que tan reconocidos técnicos puedan relevar la importancia de aprobar dicha iniciativa de la mano de la PGU. Si es al fondo, es necesario repasar conceptos que permiten explicar el financiamiento de los 0,9 puntos del PIB que irroga la nueva PGU", agregó.
Torres aseguró que se cuenta con 0,35% del PIB que se recaudarán a través de las exenciones tributarias. Agregó que 0,1% del PIB proviene de una modificación al aporte obligatorio que debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones. "Este fue creado con el objeto de complementar el financiamiento de obligaciones fiscales derivadas del pilar solidario. Lo que se hace no es utilizar los más de US$ 7.400 millones ahorrados, sino que se modifica su regla de ahorro, pasando del 0,2% del PIB de aporte obligatorio a un 0,1% para contribuir al financiamiento de la PGU y el otro 0,1% del PIB se seguirá ahorrando".
Indicó también que 0,5% del PIB ya está contemplado en las provisiones comprometidas del Tesoro Público del Presupuesto 2022, que acaba de aprobar el Congreso, donde se encuentran más de $ 900 mil millones para la Reforma Previsional. Para los años siguientes, agregó, en el Programa Financiero de Mediano Plazo 2023-2026, también en los gastos, se considera aproximadamente 0,5% del PIB para ese fin.
"Sobre este punto, en la misiva se señala que el financiamiento proviene de "holguras", lo que no es correcto. Parte del financiamiento de la PGU, como se dijo, ya se encuentra en las estimaciones de gastos comprometidos, lo que difiere de las holguras fiscales. Estas corresponden a recursos sin compromiso de gasto, y son aquellas que se presentan al comparar en el programa financiero los gastos comprometidos con el nivel de gasto que es compatible con la meta de balance estructural definida para cada año", dijo.
"La reponsabilidad fiscal es tarea de todos y el eje central de esta administración ha sido su resguardo, donde no es prudente confundir conceptos técnicos", finalizó Torres su carta.
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