Los trabajadores y trabajadoras locales están mostrando ser más capaces de sacar la voz ante problemas y comportamientos no adecuados en sus lugares de trabajo. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del Estudio sobre Líneas de Denuncias de Fundación Generación Empresarial (FGE), entidad que hace más de 10 años apoya a las organizaciones en la implementación de este tipo de canales y consultas.
De acuerdo con las cifras, basadas en datos correspondientes a 260 empresas, las organizaciones recibieron en promedio 7,1 denuncias durante el segundo semestre de 2022, levemente superior al promedio de siete registrado en el mismo período de 2021, y muy por debajo de las observadas en 2020 (nueve).
Al hacer zoom en las materias por las que reclaman los trabajadores, se constata que las relacionadas tanto a acoso laboral como sexual han aumentado en forma notoria.
Para dimensionar este incremento, hay que poner sobre la mesa que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 -con sus consecuentes restricciones de movimiento- redujo la importancia del acoso laboral en la muestra, pasando de contribuir con un 20,1% de las denuncias en el segundo semestre de 2019 a un 10,6% en 2020, el menor valor de la serie.
Algo similar ocurrió con el acoso sexual, que pasó de 1,5% en 2019 a 1,1% 2020.
Pero el retorno a la presencialidad y el proceder de las nuevas generaciones de trabajadores ha ido acompañado de nuevas alzas en las cifras.
De hecho, el acoso laboral entre junio y diciembre del año pasado retomó los niveles prepandemia, llegando a 19,7% del total denunciado.
El sexual, por su parte, explicó un 2,4% del conjunto de reclamos en el mismo lapso, el porcentaje más alto desde 2018.
Para la gerente general de Fundación Generación Empresarial, Fernanda Hurtado, hay varios factores que podrían explicar el deterioro de los ambientes en el trabajo. Uno es el retorno a la presencialidad, que marca otras dinámicas de relacionamiento entre las personas en el ámbito laboral. Y, por otro lado, dice, “hay mayor conciencia en las personas de que existen comportamientos que no son aceptables y disposición a denunciar cuando el anonimato y confidencialidad son garantizados”.
Más canales
El contexto también ha tenido cambios. Hurtado sostiene que las empresas han estado realizando un trabajo sistemático para incorporar herramientas, como canales de denuncias en sus planes de prevención de delitos, y hacer que sean activas, es decir, difundiendo su existencia “y el positivo aporte que su utilización tiene en el fortalecimiento de la cultura de integridad de la organización”.
De hecho, para graficar este mayor interés, Hurtado agrega que han percibido un aumento en las capacitaciones en formato de charlas de expertos para diferentes grupos de colaboradores; talleres prácticos y juegos de roles, como el de dilemas éticos; aumento del uso de e-learnings relacionados, por ejemplo, la Ley 20.393 o respecto de códigos de ética.
Particularmente sobre el acoso, Hurtado relata que han observado una mayor inversión de recursos y tiempo por parte de las organizaciones, de todo tipo, no solo de la empresa privada, por revisar sus programas y reglamentos internos en torno a la prevención de conductas antiéticas y mitigación de su impacto cuando han ocurrido.
“También hay más disposición a compartir buenas prácticas e iniciativas exitosas, y a dialogar y debatir respecto de los desafíos de la cultura de integridad para toda la organización”, agrega.
¿Algo baja?
No todo son malas noticias. De acuerdo al estudio, un elemento que mejoró sustancialmente luego de la pandemia fueron las denuncias por salud y seguridad.
En el segundo semestre de 2018 éstas representaban el 6,6% del total, las que llegaron a un peak de 7,2% en 2021. Pero en el mismo lapso del año pasado la situación cambió significativamente, ya que su incidencia bajó hasta llegar al 2,9% del total.
Otro elemento que redujo sustancialmente su incidencia fue el mal uso de recursos y activos, que pasó de representar el 5% de las denuncias en 2018 a solo un 1,8% en 2022.
Para Hurtado, estos datos refuerzan la importancia de que las empresas cuenten con protocolos y canales para abordar diversos comportamientos ilícitos.
Desde hace más de diez años, subraya la ejecutiva, Fundación Generación Empresarial (FGE) “apoya a las organizaciones en la implementación de canales de denuncias y consultas. En dicho período hemos trabajado con más de 350 organizaciones. Estas herramientas son claves para gestionar la integridad, pues encienden luces de alerta sobre la ocurrencia de acciones antiéticas y/o conductas de riesgo y permiten apoyar la implementación de normativas, procedimientos y también informar y capacitar a los colaboradores respecto del impacto que generan en la organización”.
Según explica la vocera, dichos canales de denuncias y consultas garantizan confidencialidad y anonimato, “elementos que son claves para motivar a los trabajadores a reportar prácticas antiéticas o advertir sobre riesgos”, dice.
Este tipo de herramientas, manifiesta Hurtado, también ofrecen la posibilidad de generar un registro que permite hacer seguimiento en línea, gestionar el proceso de la denuncia por la organización y contar con informes estadísticos.
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