La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, tuvo un rol central en el debate de los ajustes a la Ley de Protección del Empleo en la comisión mixta, presentando varias indicaciones que fueron aprobadas en la jornada.
Entre estas, y junto a otros parlamentarios de oposición, presentó una que prohíbe que las empresas que sean sociedades anónimas puedan repartir utilidades si se acogen al beneficio de la ley. Probablemente la medida más polémica y que llevó al Ejecutivo a presentar su propia propuesta pero que fue rechazada por los legisladores. "En este tema no hay que tener matices", señala.
- Ayer en la comisión mixta se aprobaron las indicaciones que presentó junto a otros parlamentarios, desestimando las propuestas del Ejecutivo. ¿Por qué?
- Con otros parlamentarios de la oposición presentamos una indicación para que empresas que repartan utilidades no se puedan acoger al seguro de cesantía cuando sean sociedades anónimas. También presentamos el dia de ayer y se aprobó una indicación para que no sean solamente la misma sociedad anónima sino que también las empresas relacionadas, filiales, todo el grupo empresarial que esté involucrado.
- ¿Esto tomando como base lo que pasó con Cencosud?
- Cencosud había sacado una circular aclarando que ellos como empresa no habían acogido a ningún trabajador al seguro de cesantía, pero que sus filiales sí lo habían hecho y que ellos como empresa habían retirado utilidades. Entonces, con esta indicación que incluye a todo el grupo empresarial también nos podríamos hacer cargo de esa situación.
- El Gobierno propuso limitar a 30% el reparto de dividendos para empresas con más del 10% de sus trabajadores acogidos a ley de empleo, ¿por qué no les pareció la indicación?
- En este tema no hay que tener matices con lo que se había generado con anterioridad. Hay que tener claridad y una postura ética en este tema, de manera de realmente hacernos cargo de que una gran empresa que sí tiene recursos económicos para hacer repartición de utilidades, que se haga cargo del deber que tiene de pagar la remuneración de sus trabajadores. O sea, nos parece que no es adecuado que en la crisis sanitaria que estamos viviendo, las grandes empresas con esos recursos económicos, no paguen costos en esta crisis. Si los trabajadores están pagando costos, el Estado también está haciendo esfuerzos económicos, ¿por qué no las grandes empresas? Esa es la injusticia que vemos detrás y por eso no queremos matizar la indicación que ya habíamos aprobado.
- Presentaron una indicación acerca de que las empresas que tengan inversiones en paraísos fiscales, ¿por qué?
- Tiene el mismo sentido. Para aquellas empresas, sociedades anónimas en este caso, que realizan inversiones y de alguna manera no pagando los impuestos que se debe, tratar de acceder a recursos económicos por parte del mismo y de todas las y los chilenos para desentenderse de obligaciones como la que tiene de pagarle los sueldos a los trabajadores. Creemos que acá hay un principio ético y es que las grandes empresas no pueden eludir su obligación de contribuir al país y de exponerse en esta crisis. No puede ser que acá todos tengan que pagar costos y ellos quedan invictos, sin hacerse cargo.
- El ministro Briones advirtió que esto afectará a las Pyme e implicaría más despidos por falta de liquidez, ¿consideraron ese factor al proponer la indicación?
- Me pregunto si una Pyme, donde la verdad es que el empresario está haciendo lo que puede para poder subsistir, va a preferir en el fondo llevarse utilidades para su bolsillo en vez de ahorrarlas o tratar de que su negocio vaya para adelante.
Hemos visto una actitud muy contraria a lo que ha dicho el ministro Briones por parte de las microempresas y de las medianas, en comparación con las grandes que han hecho esta repartición de utilidades brutales, millonarias, donde más bien su interés es en su propio bolsillo.
Yo creo que se equivoca el ministro respecto a ese punto, además que la mayoría en ese caso de esa sociedad no está regulado con las normas de las sociedades anónimas. y por lo tanto hay que ver si eso es así o no. Por ahora, sabemos que no es la realidad de las microempresa.
Por otro lado, el tema de los despidos, acá hay un tema que es importante y que nosotros tampoco queremos evadir y tiene que ver con hacerse cargo de la situación que está viviendo el país. Hemos presentado propuestas al respecto, pero es momento de que exista un diálogo más fructífero entre instituciones del Estado -en este caso, el Congreso con el Gobierno- para encontrar los mecanismos y las propuestas adecuadas en materia económica y laboral pero teniendo una prioridad muy clara, que acá lo importante es proteger la subsistencia económica de las y los trabajadores.
- Se ha dicho que de aprobarse tal cual el proyecto, se podría llevar al Tribunal Constitucional o que el Gobierno lo vete.
- El diputado Melero en particular había avanzado con acudir al Tribunal Constitucional con esta indicación. Me parece que es vergonzosa la utilización de Cencosud de la legislación y de los recursos del Estado con esta repartición de utilidades y luego con esa circular justificándose.
Me parece que queda claro que acá el Gobierno no creo que esté en condiciones de acudir al Tribunal Constitucional -en términos de la valoración de la sociedad y de las instituciones del Estado de una acción como esa- cuando es muy claro que esta indicación lo que quiere es proteger los recursos de todas las y los chilenos, y en eso me parece que tenemos que estar en la misma postura.
El Gobierno, además, estaba disponible a conversar en una propuesta distinta que matizaba la nuestra pero que igual iba encaminado al propósito similar. No creo que sea la opción ni el mecanismo de acudir al Tribunal Constitucional, creo que cometerían un error tremendo.
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