Es un hecho que aún se observan problemas en la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral. Los datos de Irlanda y Chile marcan el contraste, especialmente a la luz de sus políticas. Sin embargo, la economía latinoamericana muestra cifras más alentadoras que otros países desarrollados.
La directora de promoción e inclusión de la Federación de Discapacidad de Irlanda afirmó que si bien existen varios programas gubernamentales, estos sufren una escasa adopción entre las organizaciones y quienes presentan discapacidad.
Según datos de la Unión Europea, las personas con discapacidad también tienen casi cuatro veces más probabilidades de sufrir privaciones graves frente a aquellas sin esa condición. Y así es el caso de Sinéad Burke, quien se graduó como profesora y se le dificultó trabajar a tiempo completo, porque su sala no estaba diseñada para personas con acondroplasia, la forma más común de enanismo.
Actualmente, es directora ejecutiva de Tilting the Lens, una consultora de accesibilidad con un equipo en Irlanda, el Reino Unido y Alemania. Ella se encuentra entre el 41% de personas con discapacidad que trabajan en Irlanda, lo que equivale aproximadamente a la mitad de la tasa general de empleo.
Así, Irlanda se posiciona como uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor déficit de empleo para personas con discapacidad. Pero no es el único país. En todo el mundo las personas están desproporcionadamente excluidas del mercado laboral, lo que implica que tienen más probabilidades de vivir en la pobreza y enfrentarse a la exclusión social. Esto tiene un costo que asciende a miles de millones de dólares en el Producto Interno Bruto (PIB) cada año, según estimaciones del Banco Mundial.
En 2019, la OCDE publicó el informe más reciente para comparar la brecha de empleo. El resultado fue que las brechas más amplias se encontraban en Irlanda y Estados Unidos, mientras que naciones como México y Chile eran las más igualitarias.
Mark Priestley, profesor emérito de políticas de discapacidad en la Universidad de Leeds, advirtió que es complejo hacer comparaciones directas y dice que los países pueden diferir en cómo registran o clasifican las discapacidades.
“Los países con altos niveles de empleo para población general no necesariamente tienen altos niveles de empleo para las personas con discapacidad”, dijo Priestley.
En ese sentido, hizo el punto de que las políticas públicas deben marcar la diferencia.
Es claro que Chile va unos pasos más adelante que Irlanda. Las estadísticas del país europeo muestran poco progreso en la incorporación laboral de las personas con discapacidad.
Emer Begley, directora de promoción e inclusión de la Federación de Discapacidad de ese país, afirmó que, si bien existen varios programas gubernamentales para incentivar a los empleadores a contratar a trabajadores con discapacidad, estos sufren una escasa adopción y conciencia entre las organizaciones y quienes presentan discapacidad.
“Las personas pueden ser reacias incluso a mencionar las adaptaciones razonables que necesitan, ya sea trabajo flexible, ayudas y aparatos para apoyar su trabajo, o salas silenciosas”, afirmó Begley.
Un estudio reciente de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda y el Instituto de Investigación Económica y Social describe cuánto deben gastar los hogares que tienen una persona con discapacidad en casa. Según las cifras, el costo puede llegar al 93% de sus ingresos disponibles.
Sin embargo, uno de los mayores problemas que Begley identifica es la falta de coordinación entre los departamentos gubernamentales. Un ejemplo de esto es que muchas personas con discapacidad pueden dejar de trabajar o preferir hacerlo a tiempo parcial, pero esto implica perder el acceso a prestaciones como el transporte gratuito o derecho a atención médica gratuita.
“Quizá puedan trabajar, pero en realidad esa barrera de perder los beneficios los mantiene fuera del mercado laboral”, dijo.
El caso chileno
El PIB per cápita de Chile es una sexta parte del de Irlanda, mientras que la tasa de empleo general es menor. A pesar de eso, la OCDE concluyó en que la brecha de empleo para personas con discapacidad es menos de la mitad que la de Irlanda.
Ignacia López, experta en derecho laboral, atribuyó el progreso del país en este ámbito a la Ley de Inclusión Laboral de 2018, que introdujo una cuota de al menos el 1% de trabajadores con discapacidad registrados en grandes organizaciones.
También, en Chile, cada empresa debe contratar a alguien para supervisar la inclusión de las personas con discapacidad. Un estudio realizado en 2024 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reveló que el sistema de cuotas resultó en un 15,8 % más de trabajadores con discapacidad en las empresas elegibles.
Sin embargo, los investigadores afirman que parte del crecimiento se debió a que más personas se registraron como discapacitadas como resultado de la Ley, no a que las empresas contrataran a más trabajadores con discapacidad.
Ivanna José Sáez Cuevas, directora ejecutiva de Fundación Con Trabajo, afirmó que aún queda trabajo por hacer en esta materia. Por ejemplo, los niños con discapacidad asisten a escuelas separadas que no otorgan diplomas de enseñanza media, lo que excluye a muchos del mercado laboral. Otra cara de la moneda es que a menudo las empresas tienden a sobreproteger al personal con discapacidad y no toman en serio sus habilidades.
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