El 1 septiembre de 2022 entró en vigencia la ley que modificó el Código del Trabajo para regular el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios. Una normativa que fue impulsada y tramitada por la administración del fallecido exPresidente Sebastián Piñera, y cuya finalidad era garantizar ciertas condiciones mínimas a este tipo de empleo.
Dicha norma reconoció la posibilidad de que fueran trabajadores independientes y dependientes, estos podrían constituir las organizaciones sindicales que estimaran convenientes, entre otros ejes.
A más de un año de su aplicación, el Consejo Superior Laboral (CSL) -instancia que cuenta con la participación de representantes del Gobierno, los empleadores y trabajadores-, presentó los resultados de su primer informe de monitoreo y evaluación de dicha legislación, que sugirieron un débil impacto.
El reporte identificó que en el trimestre julio-septiembre de 2023 había en Chile 61.201 personas que se empleaban en plataformas digitales, ya sea como primera o segunda ocupación. Para entonces, esa cifra representaba al 0,7% del total de ocupados en el territorio nacional.
Los datos también permitieron constatar que en ese grupo seguía liderando la figura de los trabajadores de carácter independiente o por cuenta propia.
Estos últimos en el período analizado, y utilizando datos de la Encuesta Nacional de Empleo, eran el 77,2%, mientras que la proporción de trabajos de app asalariados del sector privado -o sea, dependientes- correspondía a un 22%.
Pese a que la ley buscaba entregar seguridad social a las y los trabajadores de plataformas digitales, sin importar su dependencia y subordinación con las empresas, los resultados evidenciaron que dicho objetivo no se estaría logrando en estos primeros años.
Es más, el reporte del Consejo Superior Laboral permite ver la persistencia de una alta tasa de informalidad laboral entre las y los trabajadores independientes, la que se encuentra en torno al 75% desde la entrada en vigor de la legislación. Al trimestre julio - septiembre de 2023, llegó a 76,5%.
El mismo análisis arroja evidencia de que, entre quienes afirman emplearse como independientes en el trabajo de plataformas, más del 90% declaró no emitir boletas de honorarios.
La consecuencia eventual de lo anterior, dice el texto, es que quien trabaja no sea consciente de que mensualmente debe hacer el pago provisional mensual y anualmente debe efectuar la declaración de renta respecto del año anterior.
“Al no hacerlo, se estaría generando una deuda con el Servicio de Impuestos Internos (SII), incumpliendo sus obligaciones tributarias, pero además, no estaría accediendo a la seguridad social”, dice el informe.
Este panorama podría cambiar luego de una resolución exenta emitida por el Servicio de Impuestos Internos SII) -y cuya vigencia comenzó a regir en marzo de 2024-, en la cual se estableció que la responsabilidad de retención y declaración recae directamente en el empleador.
Lo que viene
Junto con la implementación de la ley, han surgido nuevas organizaciones de empleadores, nuevos sindicatos de trabajadores repartidores y conductores, por lo cual se anunció la creación de una mesa tripartita de trabajo para la segunda mitad de 2024.
“Esto permitirá generar diagnósticos comunes sobre las problemáticas del sector y establecer prioridades, ayudando a abordar el tema de las diferencias de percepción entre los actores, donde un 15% de trabajadores advierte que la normativa se está cumpliendo, en contraposición al sector empleador donde se revela un 61% con la misma percepción”, dijo el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo.
Entendiendo la disparidad de visiones y evaluaciones entre empleadores y trabajadores, la autoridad de Gobierno anunció que durante este 2024 se desarrollará un estudio tipo encuesta, que permitirá monitorear y evaluar el cumplimento de la ley en el sector, con data más actualizada.
Precisamente, los porcentajes mencionados en el reporte se establecieron teniendo como base las declaraciones realizadas tanto por representantes de trabajadores y empleadores en las diferentes instancias de Diálogo Social que ha sostenido la Subsecretaría del Trabajo.
“Nuestro desafío será producir evidencia específica sobre cada norma y para cada tipo de aplicación, con el fin de realizar un monitoreo aún más exhaustivo respecto de la implementación de esta Ley”, dijo Boccardo, agregando que el compromiso de la cartera es continuar enfocada en garantizar una correcta implementación e interpretación de esta normativa.
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