Con una indicación que establece que el pago del subsidio de cargo fiscal para trabajadores y trabajadoras de bajas remuneraciones (conocido en su origen como ingreso mínimo garantizado) se realizará sólo en el primer año sin un límite por el tamaño de la empresa en que se esté empleado, se zanjó hoy en comisión mixta la discrepancia entre la Cámara de Diputados y el Senado.
En la instancia, con 6 votos a favor y 4 en contra, se aprobó la indicación introducida por el senador PS, Juan Pablo Letelier, que buscó reponer la limitación de la entrega del aporte a quienes trabajan en una empresa con ventas hasta los 75 mil UF, pero solo a partir del segundo año de vigencia de la Ley.
El beneficio busca asegurar un monto de $ 300 mil líquidos a aquellas personas ocupadas formalmente que perciben mensualmente un salario que va entre el mínimo de $ 301.000 brutos y un tope de $ 384.000 brutos.
El objetivo de la indicación, que fue respaldada por los parlamentarios de oposición, busca dar al Gobierno un plazo de un año para que inicie y se resuelva la discusión sobre el salario mínimo. Un punto que no fue compartido por el oficialismo, que manifestó preocupación por el precendente de limitar la entrega de un subsidio por parte del Estado a aquellos empleados según el lugar dónde trabajan.
Ahora la iniciativa deberá ser ratificada en ambas cámaras, pasando primero por la Sala de la Cámara de Diputados.
A la salida de la comisión el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, evaluó como positivo el que al menos por el primer año se terminó con el concepto que discrimina la entrega del aporte.
En esta línea señaló que lo importante a su juicio son dos criterios: Uno que el Gobierno no discrimine al trabajador. Y dos, que ojalá las empresas hagan el esfuerzo de apoyar a estos trabajadores.
Pero advirtió: "Cuidado, que estamos viviendo una situación compleja en Chile y lo peor que podemos caer en el populismo”, aludiendo a que hay parlamentarios que creen que los ingresos suben “por arte de magia”. Reiteró que Chile necesita crecer, una mejor política laboral para mejorar las condiciones y que no basta sólo con una iniciativa legislativa que eleve el monto del salario mínimo.
Por su parte la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, se manifestó satisfecha con la eliminación por un año a la restricción originada en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pero destacó que transcurrido este período el Gobierno evaluará la manera de poder continuar con la entrega de un beneficio que no discrimine al trabajador por el tamaño de la empresa en que esté empleado.
Para acceder al beneficio el secretario de Estado señaló que se dispondrá de una plataforma web www.ingresominimo.cl.
Adicionalmente, se mantuvieron las modificaciones que obligan al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a publicar un registro anual con aquellas grandes empresas en donde existan solicitudes al beneficio. Con ello, lo que buscan los senadores es visibilizar los niveles de rentas más bajos en este segmento productivo.
Y se mantiene que el Consejo Superior Laboral -entidad tripartita compuesta por trabajadores, empleadores y Gobierno- evalúe el subsidio en un contexto donde se busca perfeccionar este tipo de transferencias de dinero desde el Estado a las personas, por lo que se analizarán aspectos como la calificación de los trabajadores, el nivel de remuneraciones y la productividad.
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