Para financiar su ambicioso plan de más de US$2 billones (millones de millones) destinados a renovar la infraestructura, Joe Biden apuesta por subir los impuestos a las empresas estadounidenses. Si bien el presidente había adelantado el marco general, ayer la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, detalló los cambios que propondrán y los beneficios generales que conllevarían.
Gracias a los mayores gravámenes -en sus palabras- “mutuamente beneficiosos”, el plan fiscal implicaría un impulso de 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de EEUU para 2024, mientras que en 15 años significaría una recaudación de US$ 2,5 billones.
Para lograr esto, la administración plantea subir a 28% el tributo a las sociedades -que Biden ayer declaró que podría estar dispuesto a negociar con los Republicanos-, además de establecer un gravamen mínimo del 15% sobre los ingresos contables de las grandes compañías y también eliminar las “preferencias de exportación”.
“El sistema de impuestos corporativos de EEUU se ha roto durante mucho tiempo, también lo ha sido la forma en que pensamos sobre los impuestos corporativos”, dijo Yellen, defendiendo que “la reforma tributaria no es un juego de suma cero, con las corporaciones de un lado y el gobierno del otro”.
Uno de los puntos clave confirmado por Yellen fue que la administración Biden apunta a que el impuesto mínimo global para las empresas sea de alrededor de 21%, o, sea, el doble de la tasa actual. La propuesta de EEUU también es ampliamente superior al 12,5% que se discute entre casi 140 países al alero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Este punto también se abordó en la reunión entre los ministros de Finanzas del G-20 en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, donde las autoridades se comprometieran a llegar a un consenso sobre las nuevas reglas para mediados de este año.
Si bien la economista jefa del Fondo, Gita Gopinath, ya lo había respaldado el martes, el director de Asuntos Fiscales de la entidad, Vitor Gaspar, se sumó al llamado de un impuesto global corporativo “como una forma de terminar con esta carrera de las empresas por reducir sus tributos al mínimo”. Y acotó: “Este es un tema muy importante, a fin de garantizar que los gobiernos tengan recursos para varias prioridades de gasto que deben abordar”.
Tributo temporal del FMI
Previo a las declaraciones de Yellen y Biden, el mismo FMI había sugerido que los países establezcan un impuesto “temporal” a las personas de mayores ingresos y a las rentas más altas, con el fin de ser un aporte al financiamiento de las urgencias que ha provocado y agudizado la pandemia.
“Para ayudar a hacer frente a las necesidades de financiamiento relacionadas con la pandemia las autoridades podrían considerar un contribución temporal para la recuperación poscovid aplicada sobre las rentas altas y la riqueza”, planteó Gaspar.
De acuerdo con el funcionario, “las desigualdades preexistentes han amplificado el impacto adverso de la pandemia y, a la vez, el Covid-19 ha agravado las desigualdades”.
Por ello, el experto advirtió que el mundo está frente a “un círculo vicioso de desigualdad que podría dar lugar a un quiebre social y político”.
En concreto, el Fondo plantea que las economías avanzadas con sistemas tributarios sólidos podrían aumentar sus tasas impositivas máximas sobre la renta durante cierto tiempo, e insta a considerar un impuesto especial a las gananacias excedentes para las empresas con rendimientos inusualmente altos en 2020.
De esta forma, el organismo multilateral sugiere que con estos recursos adicionales, por ejemplo, se mejore el acceso a servicios básicos y se aseguren las redes de seguridad social.
Límite de deuda y "cláusulas de escape":
el CFA entrega a Hacienda 12 recomendaciones para modificar la regla fiscal
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) dio a conocer las recomendaciones que entregó a Hacienda para actualizar la regla fiscal, mecanismo que determina el nivel de gasto público que es compatible con un esquema de responsabilidad en el manejo de las arcas estatales.
La entidad presidida por el economista Jorge Desormeaux propuso 12 modificaciones a la regla, como establecer una regla dual de deuda neta y balance estructural para asegurar que las finanzas públicas operen en un marco que resguarde su sostenibilidad; mantener el balance estructural como regla operacional para dotar a la política fiscal de un carácter acíclico, restándole volatilidad e incertidumbre; definir la posición financiera neta como el concepto relevante para el nivel prudente de deuda; establecer normas que consideren tanto el nivel prudente de deuda, como un objetivo referencial de deuda fijado al momento de establecer las bases de la política fiscal de cada gobierno; incorporar advertencias y planes de corrección para evitar el incumplimiento del ancla fiscal de deuda; incorporar cláusulas de escape que permitan salidas ordenadas de las metas en circunstancias extraordinarias, junto con mecanismos de corrección posterior; definir con claridad las características de las causas que pueden gatillar las cláusulas de escape, debiendo éstas ser exógenas al gobierno, graves y transitorias; e incorporar obligaciones o consecuencias para casos de incumplimiento del mecanismo de corrección posterior a una desviación de las metas, entre otras.
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