Siguen las diferencias entre los funcionarios públicos y Hacienda respecto al anteproyecto de ley que busca modernizar el empleo público, el que a inicios de enero fue sometido a una consulta ciudadana por parte del entonces jefe de las finanzas públicas, Ignacio Briones.

Al duro rechazo que manifestó hace unos días la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), ahora se sumaron las otras 15 organizaciones que componen la mesa del sector público, las cuales el pasado viernes hicieron llegar una dura crítica al actual titular de la cartera, Rodrigo Cerda, manifestando su descontento con el actuar de la repartición.

En el escrito -que cuenta con la firma del Colegio de profesores, ANEF, Asemuch, Confenats, Fentess, Confusam, Ajunji, Fenfussap, Fauech, Confemuch, Antue, Fenast Unitaria, Fenast Nacional y Confedeprus-, la mesa critica que se trata de una consulta que busca avalar un proyecto en el cual no se consideró la opinión de los funcionarios.

“El impulso de una encuesta pública por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, sin considerar la posición que sobre esta iniciativa tienen las organizaciones gremiales, con un diseño unilateral del cuestionario, con un evidente sesgo en las respuestas buscadas, sin la debida información a la población encuestada, constituye sin duda un acto de mala fe de nuestra contraparte”, dice el documento.

A nivel general, la propuesta busca establecer reglas claras y mejores condiciones laborales para el empleo a contrata y honorarios, quienes son mayoritarios en el sector público.

Para ello, el anteproyecto plantea establecer una relación laboral indefinida y con derecho a indemnización en caso de despido, igualando así las condiciones con las que cuentan el resto de los trabajadores formales del país.

La idea, además, es igualar la cancha para el ingreso al Estado, estableciendo como requisito la selección por mérito para todos los cargos, con concursos abiertos y transparentes supervisados por el Servicio Civil. También se sugiere limitar el nombramiento de los funcionarios de confianza de la autoridad política, acotando su número y estableciendo que deberán renunciar junto con su jefatura, entre otras materias.

Sin embargo, la propuesta no ha logrado convencer a las organizaciones, quienes cuestionan que no resultaría aplicable que un Gobierno con una aprobación inferior al 10%, impulse una propuesta de este tipo.

“La Mesa del Sector Público no participará, ni validará la Mesa de Empleo Público en tanto el Gobierno no corrija este tipo de prácticas, completamente reñidas con una concepción y un quehacer democrático”, cuestionan.

Para establecer el diálogo, los funcionarios proponen que el Ejecutivo deje sin efecto la consulta ciudadana -que finalizó el 28 de enero y en la cual participaron 57.301 personas-, y en su lugar impulse un nuevo proceso participativo con las organizaciones.

Reunión con la ANEF

Pese a la carta, el pasado martes el ministro de Hacienda visitó la sede de la ANEF con la finalidad de establecer un canal de comunicación con los trabajadores.

En la cita, según relataron participantes, algunos dirigentes habrían solicitado al nuevo titular de Hacienda ser más dialogante que su antecesor, Ignacio Briones, para trabajar en diversas materias relacionadas al empleo público.

De acuerdo a los asistentes, Cerda se mostró abierto al diálogo, y habría manifestado su interés en conformar nuevas instancias de trabajo en conjunto.

Con todo, Hacienda fue consultado respecto a las críticas de las 16 organizaciones sindicales respecto al anteproyecto de empleo público, pero no hubo respuesta.