La decisión de Cencosud de retractarse y no acogerse a la Ley de Protección del Empleo estaría generando varias reacciones en el mundo laboral. Una de ellas es la decisión de algunas organizaciones sindicales de exigir a sus empleadores que repliquen a la firma de retail, y den pie atrás en su decisión de acogerse a la norma.
Ese es el caso de la Federación de Sindicatos de Empresas Ripley (Feser), entidad que agrupa a 10 sindicatos de la firma, y desde la cual piden a la empresa evaluar la suspensión de los contratos de trabajo de 3.170 colaboradores.
En una carta enviada a Francisco Irarrázaval, gerente general de la firma, los trabajadores parten valorando la decisión de Cencosud, planteando que "dicha decisión habla muy bien de una mega empresa que entendió cuál es el espíritu esta ley", agregando que con su decisión la firma demuestra que "entiende el concepto de responsabilidad social empresarial, sobre todo en tiempos de pandemia".
Dando este caso como ejemplo, los trabajadores solicitaron a Ripley que reevalúe la suspensión de sus trabajadores.
"Siempre es bueno cuando se reconoce un error y se enmienda, aún más cuando detrás de dicha decisión hay familias que hoy en esta crisis sanitaria no lo están pasando bien, en ese sentido creemos que sería bueno que Ripley replicara dicho ejemplo y así pueda darle la tranquilidad a esos más de 3000 trabajadores que han suspendido sus contratos de trabajo", dice la carta.
Demanda
Según explicó Leandro Cortez, presidente de Feser y titular del Sindicato de Empresa Ripley Mall Del Centro, el último tiempo para los trabajadores "ha sido muy angustiante. La gente está muy angustiada, hay un importante menoscabo económico".
Según agregó el líder sindical, la empresa incurrió en "malas prácticas" para que los trabajadores accedieran a firmar los pactos de suspensión. Razón por la cual, junto a otros nueve sindicatos, decidieron llevar a la empresa a la justicia por discriminación contra quienes no firmaron los pactos de suspensión.
En una demanda de tutela laboral -presentada ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago-, los trabajadores explican que al entrar en vigencia la Ley de Protección al Empleo, la empresa evaluó rápidamente acogerse a la norma, pero que al no estar todos los locales de la firma en zonas con cuarentena, Ripley debió optar por los pactos de suspensión de la relación laboral.
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Sin embargo, como la Ley exige que debe ser un pacto entre las partes, la firma habría presionado a los trabajadores para firmar los acuerdos.
"Toda vez que no había orden de autoridad que ordenara su paralización, comenzó con un hostigamiento para que los trabajadores firmaran el Pacto de Suspensión Temporal del contrato de trabajo, así cesaba su obligación de pagar remuneraciones y los trabajadores percibieran solamente los derechos que otorga la ley con cargo a su seguro de cesantía", dice la demanda.
¿En qué consistía dicha presión? Según se lee en el texto, la empresa habría ofrecido bonos a quienes suscribieran los acuerdos de suspensión.
En la demanda, los trabajadores citan lo que la firma de retail le habría transmitido a sus colaboradores. "Considerando que las tiendas estuvieron cerradas a contar del 18 de marzo, la empresa pagará en forma única y exclusiva, en conjunto con la remuneración de los primeros 15 días del mes de abril, un monto único por concepto de 'bono apoyo' en la medida que el trabajador se adscriba al acuerdo y firme el correspondiente pacto de suspensión. El pago se hará en forma proporcional a la jornada pactada en el contrato individual de trabajo", habría ofrecido la firma.
Los trabajadores criticaron duramente esto, y señalaron que se exigiera como condición de su pago la adscripción al acuerdo de suspensión de contrato. "Para la empresa la solidaridad, el apoyo por los menores ingresos percibidos por todos los trabajadores en el mes de marzo sólo se proporciona si el trabajador firma el pacto", dice la demanda.
Pero la empresa no se habría detenido allí, según se lee en texto, habría hostigado a quienes no firmaron.
Además, y a raíz de la demora en los pagos por parte de la AFC, la firma habría ofrecido, a quienes suscribieron los pactos, un préstamo de un monto variable entre $ 180.000 y $ 72.000 según la jornada del trabajador y el cual se devolvería sin intereses en 10 cuotas a partir de enero de 2021.
"Todos los trabajadores estamos en las mismas condiciones que fundamenta el ofrecimiento, es decir sin liquidez en este periodo y, sin embargo, sólo se ofrece para quienes aceptaron el pacto de suspensión, haciendo otra vez una diferencia injustificada y arbitraria, forzando la suscripción del pacto", cuestionan los sindicatos patrocinantes de la demanda.
"Nosotros como trabajadores le planteamos otras alternativas a la empresa, pero no nos escucharon. Nuestra idea planteaba que la empresa nos pagara, pero entendiendo que el primer mes podría ser un monto y paulatinamente bajara, pero que nunca nos mandara a la AFC, pero no escucharon, y en el transcurso comenzaron a ofrecer bonos a quienes suscribieran los acuerdos", criticó Raúl Pérez, secretario del Sindicato de Trabajadores de Ripley Plaza Vespucio e integrante de la directiva de Feser.
Por todas estas razones, los sindicatos piden a la justicia que: declare que Ripley incurrió en prácticas lesivas; que ordene el cese inmediato de toda presión indebida a los trabajadores para la firma del pacto; que ordene el pago del bono a todos los trabajadores hayan o no firmado los pactos de suspensión; entre otras.
Los reparos de la firma
La empresa fue consultada sobre el tema, y señalaron que las decisiones que se han tomado han apuntado a tener una gestión prudente y, además, han sido abordadas con los trabajadores.
"Debido a la crisis sanitaria y a las medidas tomadas por las autoridades, al día de hoy todas las tiendas de la compañía a nivel nacional se encuentran cerradas, sin fecha definida de reapertura. Esta situación ha generado un impacto significativo en las ventas del área retail desde el 19 de marzo a la fecha", partieron señalando desde la firma.
Con respecto a las acusaciones anteriormente señaladas, desde la empresa señalaron que "cuando llevábamos casi 30 días de cierre sostenido, se inició un proceso de diálogo con todas las federaciones sindicales de la compañía. Esto permitió encontrar en conjunto una solución para mantener el vínculo laboral, en condiciones definidas por ambas partes. De ese modo, a mediados de abril llegamos a un acuerdo voluntario con cuatro de nuestras seis federaciones sindicales para acogernos a la Ley de Protección al Empleo, acuerdo que establece, entre otras cosas, el compromiso de no realizar desvinculaciones por los próximos seis meses", explicaron, agregando que a dicho acuerdo adhirió voluntariamente el 75% de los trabajadores de las tiendas.
Desde la empresa, además, mencionaron que han impulsado otras medidas para permitir asegurar la sustentabilidad de la firma y la fuente laboral de sus trabajadores, entre ellas: reducción de reparto de dividendos al mínimo de 30% de las utilidades de 2019 que establece la ley; renuncia por parte de los miembros del directorio al 50% de su dieta; postergación de aquellas inversiones que se encuentran en una etapa inicial de su desarrollo; y reducciones de gastos y costos.
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