Hasta Teatinos 120 se trasladaron hoy las 16 organizaciones que componen la mesa del sector público para presentar su pliego de demandas y así iniciar un nuevo proceso de negociación salarial y de mejora de condiciones laborales con el Estado.
En el documento, de 21 páginas, los trabajadores fiscales solicitan al Estado un reajuste salarial de 15%.
"Demandamos, para el período diciembre 2022-noviembre 2023, un reajuste de remuneraciones equivalente al IPC anual acumulado de diciembre 2021 a noviembre 2022 (de 12%), además de un 3% de reajuste real para todos los funcionarios y funcionarias del sector público, indistintamente del marco laboral que los rige", dice el documento.
No es la única demanda en materia de remuneraciones: los funcionarios públicos piden incrementar las remuneraciones mínimas de la administración pública, y así establecer en el caso de los auxiliares, técnicos y administrativos remuneraciones de $ 550 mil, $ 600 mil y $ 650 mil los pisos.
En el documento, también se piden mejorar los diversos bonos que reciben, entre ellos las bonificaciones de Navidad, Fiestas Patrias, vacaciones, entre otros. Respecto al bono de término de conflicto, la propuesta presentada al Gobierno plantea un bono de $ 250.000 para aquellos funcionarios que ganan menos de $ 879.956 líquido y otro de $ 150.000 para quienes ganen sobre ese monto.
"Estamos plenamente conscientes del problema de la inflación, pues lo vivimos a diario, al igual que todos/as quienes vivimos de un salario. Y justamente por ello, estamos igual de conscientes que esta negociación no constituye un instrumento ni de la política fiscal, ni la política económica, sino que es un proceso de negociación colectiva, la única negociación ramal existente en nuestro país, que proyecta la principal señal del Estado empleador, y por tanto del gobierno, hacia el mundo del trabajo, respecto del camino que debe guiar la evolución de los salarios y de los derechos de los/as trabajadores/as", dice el escrito.
Las otras solicitudes
Pero no todo son demandas salariales, los funcionarios también piden abordar con la autoridad medidas para mejorar la estabilidad laboral del sector público.
Uno de los temas de mayor relevancia para los trabajadores fiscales, según se ve en el documento presentado, es la instalación de la mesa de trabajo que aborde la implementación de la reducción de la jornada a 40 horas en el sector público. "Lamentamos que a dos meses del compromiso expresado por los Ministros de Hacienda y Trabajo, en la materia, pese a los requerimientos de nuestras organizaciones, no se haya posibilitado el inicio de este trabajo. Proponemos que la mesa se instalen una vez cerrada la negociación y entreguen resultados y propuestas legislativas, al tercer trimestre del año 2023", dice el texto.
La ratificación del Convenio 190 de la OIT es otra de las demandas.
En el documento presentado a Hacienda, también figura un amplio listado de medidas sectoriales. Así, por ejemplo, se pide ampliar, por medio de una garantía legal, la cobertura de cuidado infantil a todos los niños de dos a doce años, hijos de funcionarios públicos.
"Ampliando el acceso a la educación Inicial, en el tramo de edades correspondiente, considerando la existencia y el acceso a los jardines infantiles del Estado, ello dado que este segmento etario de niños/as hoy no tiene asegurado este derecho fundamental. Y ampliando la oferta de cobertura de cuidado infantil garantizado, desde los 6 años en adelante", dice la solicitud.
No es la única demanda en este tema, también se solicita en el pliego la ampliación del derecho a Sala Cuna para todos los funcionarios públicos, no sólo para las funcionarias.
También se pide incorporar en la Ley de Reajuste, la derogación del Art. 9 Ter de la ley 19.803, sobre los programas de Mejoramiento de la Gestión del Sector Municipal. No es lo único, también se pide que se tomen medidas para garantizar que los traspasos de fondos a las Universidades Estatales para pagar Aguinaldos, Bonos y Reajuste a sus trabajadores/as, se inicien y realicen durante el mes de diciembre, permitiendo así a las Universidades su pago oportuno a los/as trabajadores/as, entre otras solicitudes.
Con la presentación de este documento, ahora resta que el Gobierno analice la propuesta e invite a las asociaciones y gremios a negociar.
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