Una dura advertencia realizó esta mañana la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, a aquellas empresas que hagan mal uso de los beneficios de la Ley de Protección del Empleo el cual permite, entre otras cosas, la suspensión de la relación laboral con los trabajadores, por lo que estos últimos recurren al fondo de cesantía para recibir su remuneración.
La secretaria de Estado indicó que si observan que una empresa está manteniendo sus ingresos o utilidades arriesgan ser sancionadas con las multas que contempla le Ley recientemente promulgada.
"Una empresa que está teniendo los mismos ingresos que tenía antes o una empresa que está pudiendo desarrollar al 100% sus funciones -porque las está haciendo a través de trabajo a distancia- no corresponde que se someta a esta Ley", dijo.
En conversación con Radio Agricultura, la secretaria de Estado explicó que esto sería una señal de que "en verdad nunca fue necesario para ellos -para poder dar continuidad- el acogerse a esta Ley".
Ante esto comentó que la empresa "podría eventualmente ser denunciada ante los Tribunales de Justicia y se les podría aplicar las multas que corresponden".
La entidad encargada de hacer las denuncias será la Dirección del Trabajo (DT), de acuerdo con Zaldívar.
Reiteró una vez más que es necesaria la "coherencia" en esta materia. Ejemplificó que si una compañía tiene previsto repartir utilidades, más allá del mínimo que establece la ley, y además se está acogiendo a la normativa porque no puede mantener los sueldos de sus trabajadores "bueno, tiene que cuestionarse si puede repartir utilidades".
Respecto al plan de retorno en el sector público, señaló que las críticas se dieron antes de conocer el esquema propuesto por el Gobierno, el que contempla un regreso con gradualidad para que se retomen las labores el Estado, durante abril y mayo.
"Así como le hemos pedido a las personas que en los supermercados estén atendiendo, así como le hemos pedido a los recolectores de basura que hagan la limpieza, a todo el personal médico y paramédico que estén ahí presente, nosotros como servidores públicos tenemos que estar para responder las necesidades de las personas", dijo.
Explicó que los funcionarios del Estado no pueden "no estar cumpliendo con un rol que muchas veces es fundamental que sea presencial".
En cuanto a la opción de que quienes puedan, realicen su trabajo a distancia, señaló que no es impedimento pero enfatizó que "muchas veces necesitamos al funcionario presente para poder darle una respuesta a las personas".
En esta misma línea comentó que el proyecto de ley de teletrabajo para el sector estatal se abordará al igual que como se hizo para el sector privado. No obstante aquello dijo que en lo inmediato, la prioridad para el ministerio es ir en ayuda de los trabajadores independientes e informales.
Sobre estos últimos, confirmó que dentro de las próximas horas el Ministerio de Desarrollo Social anunciará el mecanismo con que se busca asegurar el ingreso de los trabajadores informales. Este segmento representa el 30% de los ocupados -quienes suman 9 millones de personas-. Esto se hará con cargo al Fondo de US$ 2.000 millones anunciado en el último paquete de medidas de apoyo fiscal para mitigar los efectos negativos de la crisis sanitaria.
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