Por P. Ojeda / J. C. Prado
Es tal la relevancia del Censo para las políticas públicas en Chile, tanto por su efecto en el resto del sistema estadístico del país como para cautelar la credibilidad del manejo económico a nivel internacional, que el gobierno abrió un espacio para repetir el proceso en caso de que se encuentren anomalías en la toma de la muestra.
Tras la denuncia de Ciper, y la decisión del gobierno de aceptar la renuncia del economista Francisco Javier Labbé a la dirección del ente estadístico -en un episodio que se ve ensombrecido por una eventual manipulación de datos- son varios los aspectos cuantitativos que quedan en entredicho.
Tal vez el más relevante es que el Censo es la base de casi todas las encuestas que se hacen en el país y pese a que las conclusiones de la muestra estadística de 2012 aún no se aplican al resto de las mediciones a las que sirve de base, los expertos toman el peso a un Censo realizado eventualmente con un procedimiento erróneo.
Para el director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, David Bravo, el Censo es el marco muestral a partir del cual se sacan todas las encuestas que son representativas en Chile y además afecta a los sondeos que realizan otras instituciones particulares, como por ejemplo, las de dicho centro. “La pregunta más bien es qué es lo que no afecta, que creo que es muy poco”, afirma.
“Todas las encuestas que hacen en general los distintos organismos, incluso las encuestas de opinión pública bien hechas, como el CEP, también tienen la muestra de hogares que se basa en información que se extrae de los censos”, agrega.
A su vez, Tomás Izquierdo, gerente general de Gemines Consultores, agrega que “la información del Censo es valiosa para el diseño de políticas públicas de mediano y largo plazo. Es importante tener un buen diagnóstico de la composición etárea de la población, para conocer el número de personas por hogar para políticas de la vivienda, es importante saber el nivel educacional de las personas. Todo para poder planificar las políticas públicas y para poder evaluar el comportamiento o los resultados de las políticas aplicadas en los últimos años”.
Procedimiento
Respecto a los pasos a seguir, ambos economistas creen que es necesario supervisar de inmediato los datos censales. “Es fundamental establecer una auditoría externa. Tiene que ser un grupo externo al gobierno que pueda en un período muy breve elaborar un informe para hacer una investigación y establecer cuáles fueron los problemas y dónde están para que podamos extraer cuál es la recomendación. Porque si hubo problemas en el trabajo de campo, por ejemplo, puede que no haya otra alternativa que volver a hacer el trabajo, el Censo, que es lo más costoso”, afirma David Bravo.
Una postura similar manifesta Tomás Izquierdo. “Creo que hay que formar una comisión de expertos en este tema que vaya a la información base, del terreno, que se pueda tabular la información nuevamente para saber exactamente cuál es el nivel de confiabilidad de la información, cuál es la merma que tiene esa muestra censal y, a partir de eso, hacer un buen diagnóstico para tratar de saber si lo que hay es suficiente para tener una proyección del universo completo que sea robusta y confiable”, planteó.
Izquierdo sostiene que esa alternativa “es mejor que optar por un nuevo Censo porque, entre otras cosas, éstos se levantan cada diez años por lo que en este caso se estaría faltando a la frecuencia de toma al no aplicarlo exactamente en igual período”.
Otros cuestionamientos
Las críticas que se formularon al INE por el procedimiento del Censo nos son las primeras que se realizan a la entidad. Ya a comienzos de años surgieron cuestionamientos ante los resultados de la novena Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), que mostró una baja en los índices y que fue objeto de cuestionamiento porque la herramienta de medición no habría sido la misma y, por tanto, no sería comparable a anteriores mediciones.
Además, en las últimas semanas, la metodología de medición del IPC también fue víctima de análisis, dado que informes de economistas plantearon que la recolección de los datos no estaría tomando en cuenta la obsolescencia de algunos productos de la canasta básica.
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