Irónicamente, el proyecto que busca reformar y destrabar el sistema de permisos sectoriales para inversiones se encuentra frenado en el Congreso.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha desplegado gestiones con diputados de la comisión del ramo para retomar la tramitación del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, uno de los principales tanto del pacto fiscal como del fast track en materia económica para el Ejecutivo.
Entre sus principales ejes, la norma busca reducir en un 30% los tiempos para la tramitación y obtención de permisos sectoriales, que son los que anteceden a las iniciativas de inversión en el país. El texto, pese a ser parte del fast track económico definido entre el Gobierno y los representantes del Congreso, no logró comenzar a ser votado hace dos semanas por falta de acuerdo con la oposición en el punto referido a la creación de un nuevo ente público que plantea la iniciativa: el Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial.
Una quinta propuesta es establecer en los Convenios de Desempeño de ADP, de los jefes de servicios que son parte de la ruta crítica, indicadores explícitamente asociados a la disminución de tiempos de tramitación en los permisos más relevantes.
El organismo en controversia tendrá por función promover y velar por el cumplimiento de las normas de tramitación y coordinar y guiar a los servicios, tanto en sus procesos de tramitación como en la constante mejora del marco normativo de los permisos sectoriales.
Un documento elaborado por Horizontal propone una serie de sugerencias para destrabar la tramitación de la iniciativa, siendo el citado servicio público una de las llaves para dicho objetivo.
El documento, elaborado por los investigadores Rodolfo Aracheta y Alfonso España, además del director ejecutivo del think tank, Juan José Obach, sugiere reemplazar a dicho servicio por un Comité Técnico, que tenga una duración de un año y cuyo único objetivo sea dictar los reglamentos y decretos supremos necesarios para operativizar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
El centro de pensamiento ligado a Evópoli agrega que dicho Comité también tendrá la obligación de identificar los permisos que sería posible eliminar sin descuidar la protección de bienes públicos. "A partir de esta medida es posible asegurar que el proyecto logre efectos oportunos e inmediatos", plantean Aracheta, España y Obach.
Las otras propuestas
El documento rescata varios puntos del proyecto de ley, como la creación de un solo sistema para abordar cerca de 400 permisos y autorizaciones que hoy no conversan entre sí. También, que se instauren los avisos y declaraciones juradas como técnicas habilitantes alternativas (THA) a la autorización; que se establezca una ventanilla única estandarizada (denominada Super); y que se cree la figura de profesionales y entidades técnicas colaboradoras.
Sin embargo, Horizontal también identifica "debilidades y espacios de mejora", entre las cuales destaca lo que consideran es la "ausencia" de nuevos incentivos a funcionarios para el cumplimiento de los plazos establecidos en la legislación actual y en la nueva propuesta legal; una potencial "debilidad política y de gestión" del nuevo Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial, que podría derivar en la "irrelevancia de sus recomendaciones"; falta de incentivos para que el Comité de Subsecretarios -que tendrá como fin la coordinación entre las entidades vinculadas al otorgamiento de autorizaciones sectoriales aplicables a proyectos y actividades- sea eficiente; una "excesiva" dependencia de la implementación de la ley en la dictación de reglamentos sin plazo; el riesgo de "mayor judicialización" por los silencios administrativos (positivos y negativos); una "falta de claridad" en los criterios en la selección de los proyectos que serán priorizados en la tramitación ágil; y un número "limitado" de permisos eliminados o simplificados en comparación a la experiencia internacional.
Así, los investigadores apuntan a establecer el rol de la gestión de las mejoras regulatorias del sistema y la administración de Super en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; apuntar más allá de una Ley Marco y modificar el mandato legal de los servicios públicos más críticos (como la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Conaf, el SAG, y el Ministerio de Salud, entre otros) para la autorización de los proyectos de inversión, incluyendo en ellos la obligación de una revisión y entrega oportuna de permisos para los proyectos de inversión.
Una cuarta sugerencia es reemplazar el Comité de Subsecretarios que se creará por un Comité de Jefes de Servicio que tengan a su haber los permisos sectoriales más críticos. "Dicho Comité debería estar liderado por el subsecretario de Economía", plantea Horizontal.
Una quinta propuesta es establecer en los Convenios de Desempeño de Alta Dirección Pública (ADP), de los jefes de servicios que son parte de la ruta crítica, indicadores explícitamente asociados a la disminución de tiempos de tramitación en los permisos más relevantes.
También, se propone reemplazar la figura de la “tramitación ágil” para proyectos prioritarios, por protocolos de acuerdo por proyecto o project agreements. Una séptima idea es incluir en la Ley de Presupuestos 2025 (y hacia adelante) convenios de traspaso de fondos desde el Ministerio de Economía a los servicios públicos más críticos en la tramitación de proyectos, con incentivos para disminuir efectivamente los tiempos de tramitación.
Una última idea que Horizontal pone sobre la mesa es mandatar a la Comisión Nacional de Evaluación y Políticas Públicas (CNEP) que monitoree los avances de esta agenda en el mediano y largo plazo junto con proponer mejoras continuas en materia de regulación de permisos sectoriales, "procurando el debido resguardo a los bienes públicos que requieren especial protección".
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
economia chilena
