El gobierno sigue embarcado en contrarrestar los efectos de la crisis social en la imagen del país en el exterior. Así, el viernes el Ministerio de Hacienda dirigió a los inversionistas internacionales un detallado informe sobre los efectos que han tenido en la economía local los eventos suscitados desde el 18 de octubre y, en consecuencia, los planes adoptados para enfrentar la situación.
El reporte parte advirtiendo sobre los movimientos que ha generado en el mundo la preocupación de las población por temáticas ligadas a cambio climático, igualdad de género y demandas sociales y políticas, de los cuales no sólo se ha hecho eco Chile sino que también otras naciones de la región como en México Argentina, Perú, Bolivia y Brasil.
Un cuadro distinto de lo observado en Venezuela, Ecuador, Colombia y Uruguay, en donde -a juicio de Hacienda, el malestar ciudadano está centrado específicamente en las demandas políticas y sociales.
El análisis, que comprende hasta la primera semana de diciembre, la cartera estima una pérdida de capital de US$ 1.600 millones, de los cuales US$ 750 millones corresponden a infraestructura pública -US$ 380 millones de Metro- y US$ 850 millones al sector privado.
Lo anterior, en un contexto donde se repara en la disminución de la violencia en Chile. Mientras en los primeros días tras el estallido social hubo 400 eventos entre incendios intencionales y saqueos en 15 de las 16 regiones del país, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre el número bajó a nueve en cinco de las 16 regiones.
En la lógica de la recuperación de la cotidianidad, el informe resalta que el Metro ha ido habilitando más estaciones en servicio en las distintas líneas de conectividad. Si al 23 de octubre las Líneas 2, 4, 4 A y 5 estaban paralizadas, al 5 de diciembre todas han ido sumando estaciones en funcionamiento alcanzando un total de 78,7% de habilitación.
Impacto en la actividad
Bajo el título de "Reconocemos que estos eventos podrían impactar en el corto plazo en el crecimiento", Hacienda incluye una serie de gráficos en que se evidencian los ajustes a las proyecciones de expansión de la economía para este y el próximo año, con el PIB estimado en 1,4% y 1,3%, respectivamente.
A ellos agrega el desempeño registrado en el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), las cifras de causal de despidos por necesidad de la empresa y la actividad de la producción manufacturera y ventas del comercio.
En otro acápite enfatiza que ante este detrimento de la economía, el Ministerio de Hacienda ha respondido "decidida y consistentemente" con un paquete de estímulo a la actividad por
US$ 5.500 millones, lo que representa un 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB), con focos en empleo, PYME y reactivación de la economía.
De ellos, US$ 4.800 millones corresponden a nuevas iniciativas reactivadoras y US$ 700 millones serán destinados a la capitalización de BancoEstado.
Así, el gasto público crecerá 9,8% en 2020, en tanto la deuda subirá hasta 38% del PIB en 2024 representaría un 38% del producto lo que estaría en sintonía con países como Australia y Dinamarca.
En cuanto al financiamiento, se explica que US$ 7.600 millones provendrán de los activos del Tesoro Público y US$ 9 mil millones de deuda.
Además, el informe destaca los acuerdos alcanzados entre el gobierno y el Parlamento en reformas clave como la Constitucional, modernización tributaria y de pensiones junto a la agenda social que abarca temas de salud, rebaja de medicamento y congelamiento de las tarifas de Metro, entre otros.
A lo anterior añade las fortalezas que presenta Chile, entre ellas los fondos soberanos, la estructura de ingresos, el control de inflación y una política monetaria contracíclica en conjunto con un tipo de cambio de libre flotación; todo un cuadro que permite un mejor ajuste a los shocks externos.
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