Un recorte mayor a los US$ 1.500 que recomienda el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sería posible.
En un reporte elaborado por los economistas Alejandro Weber, Cristina Torres, Nicolás Rojas y Margarita Vial, la Universidad San Sebastián (USS) propuso “un plan viable e inmediato” con el objetivo de lograr una reducción permanente en el gasto del Gobierno Central por 1% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a US$ 3 mil millones anuales.
“Es necesario que el Estado realice un esfuerzo permanente y de largo plazo por ajustar y mejorar la calidad del gasto. El contexto de estrechez fiscal y de deterioro de las finanzas públicas constituye entonces la oportunidad, como punto de inflexión, para tomar drásticas medidas con miras a reducir el gasto público en forma permanente y contribuir a la sostenibilidad fiscal”, se lee en el documento.
El plan propone cuatro líneas de acción.
La primera se refiere a un límite en las contrataciones en el empleo público. El gasto total en personal en el gobierno central asciende a US$ 18 mil millones, cerca del 20% del Presupuesto de la nación.
Dentro de las propuestas, nombran que el empleo público no pueda crecer a una tasa mayor que el empleo privado; que no se puedan efectuar contrataciones de personal, en modalidad contrata u honorarios, durante los 12 meses previos al inicio de un nuevo Gobierno; reducir en un 70% la cantidad de asesores de confianza de la autoridad.
La segunda línea de acción tiene que ver con la reducción de presupuesto en un 2% para programas presupuestarios que presenten hallazgos y eliminar 187 programas con oferta atomizada.
La tercera línea del informe plantea exigir a las instituciones del Estado una rebaja del 5% en la compra de bienes y servicios sobre la Ley de Presupuestos aprobada, y, a su vez, limitar la compra de estudios y asesorías.
Por último, los autores hacen un llamado a “sincerar las capacidades del Estado”.
“El gasto de capital del sector público ha demostrado a través de los años, que, si bien se ha ido aumentando la capacidad de ejecución de la inversión del Estado, este avance ha sido más paulatino de lo que las propias leyes de Presupuesto para cada año han propuesto. En consecuencia, existe un espacio de eficiencia desde el punto de vista de la asignación del presupuesto, por recursos que son aprobados para gasto de capital, sin embargo, terminan siendo reasignados a gasto corriente”, aseguraron los economistas.
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