Hace un mes el Gobierno anunció un plan para paliar los efectos negativos en la economía que estaba generando la violencia post crisis social del 18 de octubre. En la oportunidad, los ministros del área económica -liderados por el titular de Hacienda, Ignacio Briones- daban a conocer un plan de protección del empleo y recuperación económica por US$ 5.500 millones.
Uno de los tópicos que pasó algo inadvertido en medio de la vorágine fue el anuncio de reducir el tiempo de pago del Estado a sus proveedores.
El ministro Briones dio a conocer que se inició un plan piloto, a cargo de la Dirección de Presupuestos (Dipres), ChileCompra y la Tesorería, para integrar distintas plataformas del Gobierno Central y establecer un sistema de pago centralizado, que se basa en los documentos tributarios electrónicos emitidos por instituciones públicas para reducir la multiplicidad de cuentas corrientes. ¿Para qué? Digitalizar el proceso de compra y pago para reducir el tiempo de pago de las facturas.
El plan piloto se inició a fines del año pasado y se implementará íntegramente en 2020.
¿Qué pasa hoy?
Datos obtenidos por el Observatorio del Gasto Fiscal muestran que el Estado tardó un promedio de 42,4 días en pagar a sus proveedores entre enero y junio de 2019, una mejoría respecto a los 54,1 días en 2018.
Salud es el sector que lidera los atrasos, con 61,5 jornadas promedio, lo que -eso sí- implica una reducción de trece días respecto a 2018. Dicha área representa el 53,1% de los registros emitidos el año pasado y el monto pagado asciende a US$ 831 millones en adquisiciones, principalmente en la red hospitalaria.
Muy atrás se ubica Energía, la Presidencia de la República, Educación y la Segpres, todos organismos cuyos plazos de pago están bajo el promedio (ver tabla).
Otra derivada de esta realidad son los reclamos de proveedores contra el Estado por no pago oportuno. Según los registros de ChileCompra, entre enero y octubre del año pasado se recibieron 45.468 quejas en esta línea, aumentando 24% respecto al mismo período del 2018.
El 86% de los reclamos se concentraron en Salud y municipalidades, con más de US$ 30 millones en montos involucrados (57% del total). Por tamaño de proveedor, el 79% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas, en operaciones por más de US$ 27 millones (ver gráfico).
Tres focos
El jefe de la División de Tecnologías de la Información de la Dipres, Luis Madariaga, explicó que el plan de la cartera busca reducir el tiempo de pago a través de tres canales: primero, eliminando el registro manual de las facturas recibidas, hoy en las oficinas de partes y que en adelante se recibirán de forma digital y centralizada; segundo, reduciendo la discrecionalidad del funcionario respecto de la prioridad de pago a los diferentes proveedores; y tercero, disponiendo del requerimiento de caja total por cada servicio para programar adecuadamente el flujo a partir de los propios documentos.
Manuel Henríquez, investigador del Observatorio Fiscal. Luis Madariaga,
jefe División de Tecnologías de Información Dipres.
El directivo aseguró que a la fecha el 98,5% de las instituciones públicas ha adoptado la adquisición del bien o servicio comprometiendo electrónicamente el presupuesto, mientras que la recepción centralizada de las facturas electrónicas se ha acogido en siete instituciones piloto junto a un total de 89 hospitales con una adopción promedio de un 45%.
El investigador del Observatorio del Gasto Fiscal, Manuel Henríquez, calificó como una “buena noticia” el anuncio: “Aunque en el global se aprecian mejoras en los tiempos de desfase (respecto a 2018), la iniciativa va sin duda en la dirección correcta, pues permitirá dar un alivio financiero a los proveedores del Estado, en especial a aquellas PYME que con la contingencia social que vive al país, han visto disminuida su actividad comercial”, recalcó.
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