Nuevas críticas sumó ayer el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) dada la decisión de sus integrantes de recurrir a la Contraloría General de la República para conocer los alcances de sus propias atribuciones para pronunciarse sobre la decisión del Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de presupuesto de 2020 casi US$ 400 millones de ingresos que provendrán de la reforma tributaria.
“El consejo se pudo haber pronunciado, que pase a Controlaría es dilatar un poco las cosas, porque no sé cuánto tiempo se va a tomar en hacer un fallo sobre eso y el Presupuesto ya va a estar en discusión”, lamentó Juan Pablo Medina, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y quien fuera integrante del Consejo Fiscal Asesor previo a adquirir su carácter autónomo.
A su juicio, la instancia desaprovechó una oportunidad para posicionarse como entidad técnica. “Creo que los consejos fiscales autónomos son, a diferencia de un Banco Central, instituciones cuyas vocerías es lo relevante. No tiene más que eso, esta era una oportunidad para plantear su opinión. Pasar la pelota a la Contraloría no fue una buena movida, pensando en que tiene que sentar la reputación de su espectro de acción”, afirmó, junto con añadir que el CFA pudo haber explicado por qué era prudente o no haber incorporado dichos montos.
“Es una institución que no es necesariamente vinculante, pero su reputación la podría construir en base a este episodio. Quizá no está directamente en las atribuciones, pero en el fondo era una oportunidad para construir una opinión”, recalcó.
De esta forma, Medina se sumó a las críticas realizadas por el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el expresidente del Banco Central, José De Gregorio, y los economistas Andrea Repetto y Eduardo Engel, quienes a través de una carta publicada en El Mercurio realizaron una dura crítica al CFA.
¿Poco prudente?
De todas formas, los cuestionamientos de Medina no solo apuntaron a los integrantes del consejo, sino que también al propio Ejecutivo, por haber incorporado los fondos que recaudaría un proyecto de ley que aún se encuentra en tramitación en el Congreso.
“Lo que ha primado siempre es que uno provisiona los gastos que están en discusión en el Parlamento, pero de alguna manera no provisiona ingresos que están en discusión, porque no están asegurados”, señaló.
Entonces, acotó, “por un criterio de prudencia uno trata de ser más conservador a la hora de considerar ingresos en discusión, toda vez que no deberían estar. Si después se aprueban quizá uno podría dar un mensaje de que el balance comprometido estructural se va a cumplir más rápidamente. Pero la prudencia llamaría a tratar de no incluirlos”.
La polémica surgió luego de que el senador PPD y presidente de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, consultara al consejo respecto a si correspondía o no que el Ejecutivo incorporara los ingresos de la reforma tributaria.
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