El director jurídico de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Cristián Romero, destacó este martes el capítulo del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que modifica diversos cuerpos legales que tienen injerencia en el curso de proyectos de inversión.
Una dimensión que calificó de “positiva”, ya que no solo se encarga del tema general, sino que hace intervenciones puntuales con foco en la colaboración con entidades privadas y en autorizaciones.
“Creemos que esta parte del proyecto puede tener un impacto gigantesco en la aceleración o en la mejora del ambiente de inversiones si es que se están priorizando aquellos servicios que otorgan permisos críticos”, indicó Romero, quien fue uno de los expositores de este martes en la comisión de Economía en el Senado, donde la iniciativa legal impulsada desde el Gobierno continúa con su discusión tras ser aprobada por la Cámara de Diputados..
El ejecutivo explicó que cuando se dan plazos de hasta 15 años de aprobación, esto no tiene que ver con los más de 300 permisos que existen, sino que puntualmente con 25 autorizaciones que afectan la ruta crítica.
“Esta parte del proyecto, es valiosísima, porque abre la puerta para que se puedan hacer intervenciones más allá de otros proyectos que se están tramitando para de verdad intervenir en aquel aspecto”, dijo.
Oficina v/s Agencia
Romero también se refirió a la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, institucionalidad que hará el seguimiento de los grandes proyectos de inversión y que será parte de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, entre otras de sus funciones.
Al respecto, indicó que si bien sus objetivos son amplios y consistentes con el espíritu de la ley, dicha unidad no tiene mayores atribuciones y que es un ente acompañante, coordinador que prestará servicios más especializados, pero que su efecto estará sujeto a la disposición de los servicios sectoriales.
“O sea, de ninguna manera la oficina va a poder imponer algún criterio, alguna solución, alguna respuesta al servicio público”, señaló durante la sesión.
Romero también advirtió que se está tramitando el proyecto que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, que trata las políticas públicas a través de las miradas de planes y programas, y como regulación. Ante esto, alertó que se pueden generar “espacios de traslape” entre funciones de ambas instituciones.
“El llamado que hacemos es a tener cuidado para que haya una coherencia, si es que se van a mantener las dos, de manera de que no se generen decisiones contradictorias”, advirtió. Aunque precisó que “probablemente no ocurran, porque el punto de que esta entidad fundamentalmente lo que hace es emitir recomendaciones, la otra entidad va a tener un poquito más de dientes”, dijo.
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