La preparación de un proyecto de cambios a la Constitución anunciado hoy por el Presidente Sebastián Piñera con un "claro sentido de urgencia" abrió el debate entre los abogados expertos, que pese a estar a la espera de conocer el detalle de la propuesta, ya manifiestan posiciones encontradas respecto de sus objetivos centrales y de los mecanismos de participación para llevarlos adelante.
Y es justamente la definición del mandatario en cuanto a realizar este proceso en el Congreso -"dentro del marco de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho" ya que saltarse eso es atentar contra la democracia", según declaró en entrevista con El Mercurio- lo que centró los primeros cuestionamientos.
"Me parece que el Presidente no entiende el contexto en el que estamos, y en sus propuestas no hay ninguna innovación asociada a los hechos que han estado ocurriendo en el último tiempo. La debate de una nueva Constitución es, en rigor, una discusión sobre formas de participación", afirma Luis Cordero profesor de Derecho Administrativo e investigador senior del Centro de Regulación y Competencia de la U. de Chile
Sobre esta base, considera que el proyecto "no tiene ninguna propuesta nueva, ya que continuará las reformas a la Constitución de su programa de gobierno y la agenda de reformas institucionales que había estado trabajando antes, por lo cual, en algún sentido, no tiene ningún destino, ya que las circunstancias han cambiado en estos 23 días".
Por el contrario, Víctor Manuel Avilés, profesor de Derecho Constitucional de la U. de Chile, enfatiza que al reafirmar al Congreso como eje de este proceso, el Presidente está asegurando que "los cambios sean sustentables" y se evite un "daño permanente" al sistema democrático. "Valoro que él haya tomado el liderazgo dando un marco y una hoja de ruta respecto de a dónde se va a avanzar para acelerar una discusión constitucional sin hacer daño al Congreso Nacional, siguiendo la regla básica democrática que es el respeto a lo que ciudadanía expresó en su momento a través del voto", enfatizó.
En este sentido, el abogado apoya que estas primeras definiciones no se hayan incorporado mecanismos de participación extraparlamentarios como los propuestos por los movimientos sociales: "Si se plantea la asamblea constituyente como una forma de responder a una necesidad coyuntural porque el Congreso se estima deslegitimado, lo que tendremos simplemente será un Congreso que no existe. Creo que el Presidente ha actuado de manera responsable, porque si final del día vamos a tener una nueva Constitución o una Constitución modificada y el Congreso Nacional no sale bien parado de ese proceso, no vamos a tener una democracia".
En relación al énfasis de Piñera de conducir el proceso dentro del marco institucional, Luis Cordero puntualiza que "la gran pregunta es cuál es la posición del gobierno sobre el procedimiento de discusión que estaba propuesto en el proyecto de ley de la exPresidenta Bachelet, que está en el Congreso y que por cierto, no ha avanzado". Y reiteró que el gran desafío es estructurar formas de participación efectiva de la ciudadanía, por lo que si Ejecutivo no abre su posición al respecto "no hay discusión viable y vamos a estar permanentemente en fricción sobre este punto, y la política en su totalidad vamos a estar permanentemente en este conflicto".
La garantía a los derechos
Piñera anticipó que los cambios buscarán definir mejor los derechos de las personas y establecer cómo se van a cumplir y respetar; definir mejor las obligaciones del Estado; crear mejores organismos de participación para que la gente pueda hacer oír su voz; modificar algunos organismos fundamentales de la institucionalidad que no funcionan del todo bien; establecer mayores responsabilidades del Estado en los equilibrios macroeconómicos, entre otros.
En el marco del reconocimiento de Piñera a que los cambios a la carta fundamental "tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba hace algunos años", un punto central en el análisis de los constitucionalistas es el tratamiento que se dará al tema de los derechos de las personas, teniendo en cuenta que un punto común entre los sectores de la oposición es que estos sean plenamente garantizados.
"El Presidente asume los aspectos de la crisis, y está siendo audaz en el sentido de que da cabida para entrar a discutir, por ejemplo, algunos derechos sociales que han venido siendo planteados por algunos sectores, incluso moderados, durante los últimos años", señala Avilés.
"No se sabe muy bien a que se está refiriendo en cuanto a los derechos y su garantía. Sí me parece que está más claro el tema de los deberes que ha sido una agenda permanente del presidente. Yo extraño saber el concepto que él tiene detrás, eso es lo que más me preocupa, no hay nada nuevo en lo que el plantea ante esta crisis -teniendo a miembros de su coalición planteando una cosa distinta-, y creo que el Presidente de la República tiene una oportunidad histórica que se desaprovecha esta oportunidad", apunta al respecto Cordero.
Para Avilés es importante el foco que el mandatario pone en materia de obligaciones al "reforzar la idea de garantía en relación a cómo vamos a hacer para que los actores de la sociedad -estamos hablando de las grandes empresas o el mismo Estado- sean los primeros en responder los derechos de las personas y creo que desde ese punto de vista lo que está diciendo es que, desde la Constitución, vamos a intentar asegurar que no haya abuso".
A su juicio, el objetivo del presidente es plantar, al mismo tiempo, su "apertura a discutir algunos derechos sociales que han sido parte de los planteamientos de los últimos años, con hacerse cargo del tema del abuso al poner a los grandes actores como sujetos que deben ser capaces de mantener los derechos de las personas".
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