Molestia e inquietud manifestó el académico de la Universidad de Chile, Dante Contreras, por la espera -ya superior a un año- que ha debido enfrentar para acceder a la base de datos administrativos que gestiona el gobierno.
Lo anterior, en el marco de la interrupción que afectó desde comienzos de 2018 al convenio que se suscribió durante la administración de Michelle Bachelet entre el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la casa de estudios en la que se desempeña, además de la Universidad Católica.
"Esto es vergonzoso, ese es el calificativo que yo pondría (...) Entiendo y comparto la preocupación del ministerio, lo que no comparto es el plazo, la demora y la no explicación", señaló el también director e investigador principal del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).
El académico entiende que el interés del MDS era revisar el protocolo con el propósito de establecer un criterio común para que todos los investigadores accedieran a los antecedentes disponibles.
Contreras explicó que Chile cuenta con una valiosa fuente de información -poco frecuente en el mundo-, dadas las posibilidades de cruces que otorga la existencia del RUT en el terreno de la salud, educación, salarios, pensiones. "Aquí estamos frente a una oportunidad y creo que las autoridades en Desarrollo Social no han dimensionado la relevancia de los datos que tienen y la productividad que le podemos sacar a esos datos", afirmó.
Su denuncia apunta a que el país está en una coyuntura compleja, en términos de diseño de políticas públicas, y el acceso a dicha información por parte del mundo académico enriquecería el debate con antecedentes técnicos. Además, advirtió que "el atraso en generar protocolos está ocasionando filtración de información", lo que agravaría aún más la situación.
Su propósito en lo inmediato, es lograr materializar una reunión solicitada por Ley de Lobby con el ministro de la cartera, Sebastián Sichel, la que dijo ha sido modificada en seis oportunidades.
La finalidad es mostrarle el paper sobre el impacto de Crédito con Aval del Estado (CAE) que se realizó bajo este convenio, cuya fecha de publicación está prevista para 2020. "Esto es lo que uno hace, esto informa a la política pública y se puede hacer con el tema laboral, tributario, si pone los datos a disposición", dijo el economista para realzar el valor de la evidencia.
"No estoy defendiendo mi agenda de investigación -que por cierto me importa-, pero sí me parece que es una muy buena oportunidad para que muchos investigadores examinen el tema de pensiones, jornada laboral, hay un montón de preguntas que tiene el país hoy y tenemos datos riquísimos que los estamos mirando desde la tribuna", sostiene.
Sobre todo, porque a su juicio, tampoco el Ministerio de Desarrollo Social está conduciendo esos estudios. "No tienen capacidad, no tienen tiempo, hay otras urgencias", señala.
Para Contreras sería un "buen equilibrio que las universidades y los centros de investigación accedieran a esos datos con la firma y con los protocolos que correspondan para hacer uso de esos datos y contribuir al debate público. Así se construyen las sociedades".
Sin embargo, advirtió, "esto no ha ocurrido y de lo que uno se ha ido enterando (desde que se congeló el acceso) es que los datos siguen fluyendo sin convenio".
- ¿Cómo se ha enterado de que fluyen sin convenio?
- Porque empiezan a aparecer publicaciones y bases de datos similares a las que nosotros pedíamos, por ejemplo, sin convenio. Entonces, ¿por qué a mí me piden un convenio y a unos coautores al lado no les piden el convenio?
La pregunta es por qué se dice: estamos estudiando la entrega de información y, en algunos casos, hay convenios y en otros casos no (...) me parece que el manejo ha sido inapropiado y que es muy ineficiente desde un punto de vista de contribución de intelectuales, estar deteniendo una fuente de información valiosa para las políticas públicas.
- ¿Puede ser más preciso sobre su acusación?
- Lo que sucede es lo siguiente: yo no voy a venir a mencionar los nombres de los artículos que están circulando o han circulado en estos términos. Lo único que estoy diciendo es que el atraso en generar protocolos de uso de estos datos está generando filtraciones de información, de igual manera.
Entonces, la pregunta es: ¿o lo hacemos bien o no lo hacemos? Preferiría hacerlo bien y me parece que más de un año de espera por convenios vigentes es un mal trabajo de parte del Ministerio de Desarrollo Social.
Creo que tiene que dar respuestas y dar plazos.
- ¿Y estos datos no pueden haber estado sujetos a otros convenios bilaterales?
- Esa es exactamente la pregunta. Lo digo de otra forma: si yo tuviera acceso a esos datos, estaría haciendo el estudio de las 40 horas. Y no solamente yo, probablemente habría mucha gente interesada en hacerlo y tendríamos un mejor debate, más información y más análisis. Eso no está ocurriendo. Lo mismo en el tema de pensiones, en la reforma tributaria...
- ¿Cree que hay un tema de voluntad de política?
- No lo sé. Estoy ansioso de escuchar lo que me diga el ministro Sichel, capaz que me ilumine y me haga ver porque estoy equivocado. Mientras más lo pienso, menos equivocado me siento. Me parece que es un debate relevante, sobre todo ahora. Es decir, las reformas en que nos vamos a embarcar o el diseño de las mismas ojala estén informadas con más argumento, análisis y reflexión.
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