“Las inversiones realizadas por empresas de países autoritarios han aumentado en Chile durante las últimas dos décadas”. Así lo plantea el documento de 36 páginas realizado por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE, su sigla en inglés) tras analizar datos elaborados por los investigadores de la Fundación para el Progreso (FPP) entre 2021 y 2022.
Aún más, advierte que debido a la apertura del mercado y demanda interna por tecnologías y capacidades avanzadas, “existe una creciente concentración de inversiones de capitales de origen autoritario en sectores estratégicos del país, como telecomunicaciones, recursos naturales, medios de comunicación, energía, salud y transporte”.
Todo aquello da cuenta de la presencia de capital “corrosivo”, concepto acuñado por investigadores del CIPE que alude a aquel financiamiento internacional producido en estados democráticos provenientes de regímenes autoritarios y que carece de transparencia y de la debida rendición de cuentas.
La metolodogía consideró flujos de capital y acuerdos diplomáticos estratégicos con China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Venezuela e Irán. De todas formas, la entidad aclara que la mayor parte de la información guarda relación con las influencias estratégicas, negocios e inversiones realizados por el gigante asiático en Chile, pues -dicen- la participación accionaria de las demás naciones citadas es pequeña en el caso local.
También se recopilaron datos de las principales 52 empresas (con facturación mínima anual de US$ 500 mil) instaladas en el plano interno, cuyos dueños finales pertenecen a dichos países (53% privados chinos, 35% del Estado chino, 11% de EAU y 1% el Estado ruso) y 38 datos relativos a préstamos e inversiones realizadas por China en el país, el cual se ha convertido en el mayor socio comercial de Chile.
A esto se sumaron seis entrevistas hechas en 2022 a expertos en diversas áreas temáticas: investigaciones conjuntas entre China y América Latina, relaciones China-Chile, gobiernos locales y políticas en telecomunicaciones y minería.
La presencia sectorial
Uno de los ejemplos citados es el de China State Grid Company, que señalan es propietaria de 13 firmas en Chile, muchas de las cuales están entre las 10 con mayor recaudación del país (Chilquinta y CGE las principales), lo que representa el 57% de la red de distribución eléctrica chilena. Las operaciones de China State Grid corresponden al 25% del total de las empresas mencionadas en la base de datos.
Un actor que, además -y pese a la restricción local- “se encuentra claramente presente en las áreas de distribución, generación y transmisión de energía de manera simultánea”. Esto, por cuanto los datos estudiados indican que State Grid es gestionada por la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado (SASAC, por su sigla en inglés) del Estado chino. Y SASAC controla a State Power Investment Corporation, dueña de Pacific Hydro en Chile (generación) y gestiona China Southern Power Grid, la propietaria de Transelec (transmisión).
En el rubro de la logística marca presencia DP World, una firma internacional de propiedad del Gobierno del Emirato de Dubái que opera los puertos de Lirquén y San Antonio, así como varias otras empresas del rubro.
Junto con afirmar que depende de Chile decidir si sus socios comerciales son corrosivos o constructivos para su propio desarrollo, el documento de CIPE destaca la importancia de fortalecer la transparencia -por ejemplo con un registro de beneficiarios reales-, así como políticas anticorrupción e impulsar screening de inversiones.
El foco en los alcances
del “poder blando”
El documento del CIPE también pone foco en el “poder blando”. Es decir, en aquella habilidad de influir en decisiones políticas locales por medio de maniobras no coercitivas, que es componente clave de la política exterior de los países autoritarios. Y, en este marco, dice que Chile ha sido territorio de este tipo de mecanismos en su calidad de beneficiario de inversiones y donaciones en educación, ciencia, tecnología y cultura.
Rusia, ejemplifica, ha buscado cooperación en Chile para el desarrollo de investigaciones agrícolas: en el curso de los últimos 15 años se firmaron dos acuerdos que plasmaron instancias de intercambio de información y la colaboración en materia de tecnología de investigación.
Otras relaciones bilaterales a nivel ministerial se han orientado principalmente hacia iniciativas conjuntas en el sector minero con la firma de sendos acuerdos de cooperación con Arabia Saudita en 2020 y con Venezuela en 2016. Emiratos Árabes Unidos con acuerdos celebrados en 2015 y 2018, ha puesto el énfasis en cooperaciones en agricultura y acuicultura.
Sin embargo, sobre la base de la información recopilada, estos otros países autoritarios mencionados -dice el texto- “no han intentado instalar intensas agendas de poder blando más allá de los intereses comerciales propios del negocio en cuestión”.
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