Iván Cheuquelaf, socio de ICC Abogados: “Se instrumentaliza el derecho de consulta (indígena) para oponerse con otros fines”
El jurista, que participó en la elaboración de este reglamento, asegura que la política pública no se ha aplicado con los fines esperados.
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Publicado: Martes 25 de agosto de 2026 a las 04:00 hrs.
Foto: Verónica Ortíz
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Actualmente socio de ICC Abogados, Iván Cheuquelaf, abordó en “DF Al Cierre” la discusión que se abrió el domingo tras las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, respecto a salirse del Convenio 169 de la OIT.
Cheuquelaf conoce de cerca el tema: en su paso por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) -una de sus etapas en el sector público, donde también fue subsecretario de Minería-, en Piñera I, participó en la coordinación del Reglamento de Consulta Indígena.
También dirigió la división de Desarrollo de Proyectos en el Ministerio de Energía y la de Desarrollo Sostenible en el de Minería, además de asesorar a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental en temas de reclamaciones y participación ciudadana, por lo cual su carrera ha estado estrechamente ligada a este tema.
El jurista reafirmó que, en realidad, es imposible que este gobierno pueda impulsar una salida del Convenio 169, dado que el mecanismo que tiene es que, cada 10 años, se abre un período de 12 meses en que los países pueden renunciar a él. Y la próxima ventana para ello es en 2031.
Sin embargo, Cheuquelaf consideró que sí es “sano” evaluar políticamente el acuerdo, porque “no ha funcionado como pensábamos”.
“Es una herramienta que no ha sido utilizada de la mejor manera posible por algunas organizaciones indígenas, ya que se oponen al proyecto de inversión y muchas veces se instrumentaliza el derecho de consulta para oponerse con otros fines, que son muy legítimos, pero que no conversan con el derecho de consulta”, argumentó.
El exsubsecretario planteó que, en 2014, cuando se terminó de confeccionar el reglamento, quienes trabajaron en la mesa de consenso pensaron que con él la agenda de los pueblos indígenas iba a avanzar de mejor forma.
Sin embargo, poco tiempo después -relató el abogado-, en Bachelet II, ya aparecieron propuestas para dejar sin efecto el reglamento de consulta y, en Piñera II, ya nacieron ideas para que el país se saliera del Convenio 169. Es decir, que esta no es una discusión nueva.
“Hay derechos que habilitarían de mejor forma el derecho a consulta (...) Hemos mencionado experiencias en otros países que abordan la relación con los pueblos indígenas de una manera distinta. Hay acuerdos preliminares, participación temprana. En algunas de estas experiencias hay participación en los beneficios, que es un derecho que está regulado en el Convenio 169, pero que no está reglamentado en Chile”, deslizó.
En simple, explicó, lo que se hace en esas realidades foráneas es incorporar a los pueblos indígenas en la lógica de libre mercado “como un socio estratégico (...) podríamos avanzar en esa línea y eventualmente tener una gran sorpresa”.
Con todo, sí destacó que la Constitución permite entregar un trato diferenciado a ciertos grupos mediante una discriminación positiva.
“Eso está avalado por mediciones de vulnerabilidad social de la población indígena. Las últimas mediciones de las últimas décadas demuestran que efectivamente hay una diferencia entre la población indígena y la no indígena en alfabetización, en grados de alcoholismo, escolaridad, etc.”, planteó.
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