En una presentación que duró 40 minutos, el presidente de la República, Sebastián Piñera, realizó en resumen dos discursos: uno más personal y otro en clave política. En el primero, y con detalles de cómo vivió la noche del 12 de noviembre explicó por qué decidió privilegiar un acuerdo político antes de llamar a los militares nuevamente a defender el orden público.
En el segundo, desarrolló varios aspectos: hizo una defensa del crecimiento, la responsabilidad fiscal y la necesidad de la estabilidad en el proceso constitucional.
Con respecto a lo primero, defendió el crecimiento económico como la vía para concretar y financiar la agenda social: “La importancia de mantener y acrecentar nuestra capacidad de crear, innovar y emprender, que son los motores que permiten crear empleos, oportunidades, incrementar productividad y salarios y además de ayudar a financiar el gasto público y la agenda social. Sin crecimiento económico, no hay ninguna agenda social sustentable”.
Además hizo un llamado a los empresarios a que cumplan con la Ley, cuiden a los trabajadores, respeten a los consumidores, protejan el medioambiente y traten con justicia a las comunidades que los acogen y “que mantengan siempre ese espíritu innovador, emprendedor que les permite invertir, generar empleos, crear oportunidades y aportar al bienestar de los chilenos”.
En materia constitucional, y ante al proceso que se inicia a fines de abril con el plebiscito, indicó que es indispensable que la discusión se inicie con la idea de que el nuevo texto tenga “algunos principios básicos”, “y eso dará estabilidad y certeza en un proceso que por su naturaleza, si es que se decide el camino de una convención constituyente, tomará mucho tiempo”.
En este sentido, el Mandatario sostuvo que los temas que deberían estar en una nueva Constitución son: el principio de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho; la separación, independencia y transparencia de los poderes del Estado; el valor de la vida y la familia; la igualdad de derecho entre hombres y mujeres; el derecho a la salud, educación, seguridad social, vivienda y orden público; la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos; el derecho de propiedad y de libre emprendimiento; la libertad de expresión de conciencia y de culto; el reconocimiento de los pueblos originarios; la responsabilidad fiscal y macroeconómica del Estado; y la existencia y autonomía de instituciones claves como Contraloría, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo de Defensa del Estado, Servicio Electoral y Banco Central.
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