Una intensa jornada se repitió ayer en el Senado en el marco de la discusión del Presupuesto 2023, oportunidad en que el Gobierno logró revertir varios de las rebajas de recursos destinados a seguridad que habían sido aprobados en la Cámara de Diputados.
Dado lo anterior, dichas partidas correspondientes al Ministerio del Interior quedaron para ser zanjadas en una comisión mixta durante la próxima semana.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto al ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, debieron defender las indicaciones de La Moneda en la Sala advirtiendo que en algunos casos se trataba de indicaciones inadmisibles.
El Gobierno logró suprimir lo que venía de la Cámara respecto a que con cargo a recursos de Interior “se deberá proveer asesoría y defensa jurídica gratuita en juicio a víctimas de delitos violentos”.
Luego se aprobó una indicación del Ejecutivo para eliminar una indicación de diputados que establecía que en “el año presupuestario 2023 se deberá implementar un proceso de reajuste salarial para suboficiales que considere, entre otros factores, la mayor exposición a agresiones y el salario que se puede obtener en empresas de seguridad privada”.
También se visó facultar al Servicio Nacional de Migraciones para solventar con cargo a su presupuesto, y hasta por $ 815 millones todos los gastos necesarios para ejecutar y hacer efectivas las medidas de expulsión de extranjeros dictadas por tribunales de justicia.
Caso especial fue el relativo a una indicación del Ejecutivo que buscaba suprimir que con cargo a recursos de la subsecretaría del Interior se elaborará una política nacional contra el terrorismo. Monsalve indicó que ya se trabaja en acciones contra el crimen organizado, pero que no tiene problema en que esta norma prospere y, por lo mismo, retiró el cambio.
Revés para Segegob
La oposición logró aprobar dos indicaciones que reducen los recursos para el Ministerio Secretaría General de Gobierno y que generó que el oficialismo acusara un incumplimiento del protocolo suscrito por las distintas fuerzas políticas.
Las propuestas del senador, Juan Castro (independiente RN), que lograron apoyo, permitieron que se rebajara el ítem de la secretaría de comunicaciones -bajo la tutela de la Segegob- de $ 1.582 millones originales a $ 500 millones; y en otra, a menos de la mitad las platas para bienes y servicios de ese ministerio de $ 2.600 millones a $ 1.000 millones.
Castro acusó a la titular de esa repartición, Camila Vallejo, de haber usado políticamente esos recursos para hacer campaña en el pasado plebiscito constitucional.
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