El pasado 26 de noviembre, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó un proyecto para permitir el uso de las Fuerzas Armadas para la protección de la llamada "infraestructura crítica", con el fin de resguardar ciertos puntos estratégicos ante la violencia en las calles.
La propuesta, define la infraestructura crítica (IC) como aquella cuya perturbación en su funcionamiento o destrucción tendría "un grave impacto sobre los servicios de utilidad pública de la población, o para el eficaz funcionamiento de los órganos y la Administración del Estado".
De acuerdo al texto legal propuesto por el Ejecutivo, se entendería como infraestructura crítica la correspondiente a energía, redes y sistemas de telecomunicaciones, servicios sanitarios, hospitales, centros de abastecimiento, puertos y aeropuertos. Asimismo, la protección también considera "los bienes inmuebles, equipos y sistemas que sean necesarios para el funcionamiento de la infraestructura crítica".
Para justamente abordar el tema, la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) elaboró un informe titulado:"Protección de infraestructura crítica y fuerzas armadas, conceptualización y experiencia comparada", en el cual analizaron la normativa internacional -concentrando el análisis en tres casos Ecuador, España y Uruguay- y bibliografía especializada.
De acuerdo al análisis, existe un amplio espectro de definiciones respecto de lo que se entiende por infraestructura crítica. La Comisión Europea, por ejemplo, en 2004 definió la infraestructura crítica como aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información "cuya interrupción o destrucción tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de los gobiernos de los Estados miembros".
Dicha definición señalaba, además, que las infraestructuras críticas se extienden a través de muchos sectores de la economía, "incluyendo la banca y finanzas, el transporte y la distribución, la energía, los servicios públicos, la salud, el suministro de alimentos y las comunicaciones, así como servicios gubernamentales clave".
En línea con eso, el texto de la BCN agrega, además, que algunos elementos críticos en estos sectores no constituyen infraestructura estrictamente hablando "sino redes o cadenas de suministro que apoyan la entrega de un producto o servicio esencial. Por ejemplo el suministro de la comida o el agua en nuestras principales áreas urbanas depende de algunas instalaciones clave, pero también de una complejo red de productores, procesadores, fabricantes, distribuidores y minoristas".
Frente a la pregunta ¿a quién compete la responsabilidad de proteger la infraestructura crítica?, el texto de la biblioteca del Congreso muestra que la experiencia comparada no es unívoca. "De la revisión de casos se desprende que los paradigmas de protección de infraestructura crítica varían desde un mayor protagonismo de la Seguridad Pública, como en el caso español; a un rol predominante de la Defensa en el caso uruguayo; situándose entremedio el caso ecuatoriano, donde la responsabilidad en este ámbito es compartida entre ambas carteras", dice el informe.
Concretamente, el texto muestra que en lo que tiene relación con el resguardo físico de infraestructura crítica por parte de las FF.AA., se puede observar que en el caso español, esto se restringe a la infraestructura propia del sector defensa y el espacio; en tanto que en Ecuador y Uruguay, los cuerpos armados están mandatados por ley al resguardo de toda aquella infraestructura relacionada con los denominados recursos o sectores estratégicos.
En Chile, en tanto, el proyecto inició su debate en la Comisión de Defensa Nacional, pero los integrantes de la instancia decidieron suspender el trámite del proyecto, para analizar tres mociones ingresadas que apuntan en la misma línea.
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