Como una de las prioridades legislativas del actual Gobierno, a poco más de dos meses de traspasar el mando, el proyecto de ley corta de sala cuna universal comienza su tramitación en el Congreso.
Con urgencia suma, la iniciativa que elimina la restricción que la legislación actual contiene otorgándole sala cuna sólo a madres que trabajen en empresas que tengan desde 20 o más mujeres en su planilla, se revisará al mediodía en la Comisión de Trabajo del Senado. Con esto, en la práctica, habrá cuatro semanas (lo que queda de enero y la primera de marzo), para que se discuta y resuelva antes que cambie el Parlamento y asuma el gobierno de Gabriel Boric.
En este contexto, la estrategia del Ejecutivo fue retomar la sala cuna universal, que se encuentra detenida desde 2018 “para tener esa discusión legislativa y avanzar en un desafío que no es sólo de este gobierno (…) con foco netamente laboral”, señala la subsecretaria de la Mujer, María José Abud.
Incentivo a la contratación
“Hoy es inaceptable que una mujer tenga derecho o no (a sala cuna) dependiendo del lugar donde es contratada”, por lo que los ejes del proyecto son “netamente” laboral, enfatiza Abud.
Estima que la participación laboral de las mujeres aumentaría en tres puntos, considerando el ingreso de al menos 200 mil de las más de 1,4 millones que están en la inactividad por razones de cuidados.
Estas se sumarían a las 124 mil madres, que calcula el Ejecutivo como potenciales beneficiaras dado que la iniciativa se concentra en los hijos menores de dos años de trabajadoras dependientes, independientes y de casa de particular y de cualquier trabajador que por sentencia judicial tenga su cuidado.
Otro punto que destaca es el financiamiento y el monto del beneficio. Recordó que la propuesta inicial (2018) entregaba una cobertura de alrededor de $ 245 mil mensuales “y nosotros hoy hemos hecho un esfuerzo de llegar a alrededor de la mitad de las mujeres beneficiarias con un reembolso de $ 313 mil” que va decreciendo según el tamaño de empresa.
Los recursos para financiar el beneficio provendrá de la cotización de 0,1% de las remuneraciones imponibles de los trabajadores y trabajadoras. A ella se sumará un aporte fiscal que anualmente completará la diferencia que no se logre cubrir con la cotización.
De acuerdo con estimaciones de Abud -consignadas en el informe financiero del proyecto-, esto implicará un costo fiscal anual promedio en los primeros diez años de $ 47.219 millones que se añadirían a los $ 60.414 millones, que se recaudarán con 0,1% de los trabajadores.
En esta línea, Abud comenta que se ha contactado con organizaciones como ChileMujeres y parlamentarios de oposición, como Carolina Goic, para explicar el detalle de la propuesta del Ejecutivo.
A su juicio, no hay un desincentivo a la contratación. Un punto que abordó en específico el viernes pasado con la presidenta ejecutiva de la ONG, Francisca Jünemann, quien criticó en esa dirección a horas del anuncio.
Explica que “hoy una gran empresa se hace cargo en su totalidad de la sala cuna” y el Ejecutivo propone en esta ley transitar a un financiamiento tripartito (hombres, mujeres y Estado), en el que las firmas de mayor tamaño se harán cargo de una parte de ese costo.
Sobre la necesidad de avanzar hacia una coparentalidad en que el beneficio esté disponible para padre y madre -una falencia que detecta Comunidad Mujer-, la subsecretaria pone el acento en que “ya hay corresponsabilidad en el financiamiento”. Esto, porque todos los trabajadores, independiente de si están en edad fértil o no, de si son padres o madres, aportarán al Fondo de Sala Cuna que administrará la Tesorería General de la República.
En específico, sobre la posibilidad de que se incluya a los padres comentó que “esta es una propuesta para discutir” y que le hace sentido estudiar que un hombre, cuando la madre es trabajadora, pueda solicitar este beneficio.
“El espíritu de ingresar este proyecto es encontrar puntos de acuerdo”, porque a su juicio hay un consenso transversal en que se debe proveer sala cuna universal: “El tema es cómo, porque no existe una única receta”.
Con esta actitud dialogante, que asegura tener el Ejecutivo, Abud espera que la ley corta de sala de cuna se tramite con la celeridad que ha visto en Pensión Garantizada Universal (PGU).
Ahí remarca que este no es “el único paso” como iniciativa legislativa que resolverá la baja participación laboral femenina que con la pandemia retrocedió a niveles de hace 10 años. Lo ideal, agrega, es avanzar hacia sistemas de cuidados integrales, que reconozcan dicha labor, por lo que destacó el registro de cuidadores que incorpora el proyecto de ley que empieza a discutirse hoy.
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