A raíz de los casos de colusión que han ocurrido en nuestro país y otros eventos que han involucrado a algunas empresas, se ha intentado seguir avanzando en materia legal, aumentando las sanciones para que las personas jurídicas no puedan eludir su responsabilidad en este tipo de situaciones u otras en el correcto funcionamiento del mercado.
Es con esa finalidad que la Cámara de Diputados aprobó hoy casi por unanimidad -123 votos a favor y una abstención, del diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI)- el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regula el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico.
La moción, que fue despachada a segundo trámite al Senado, fue ingresada al Congreso en enero de 2020 por los diputados de la DC Matías Walker y Gabriel Ascencio; los PS Marcelo Schilling y Leonardo Soto; Ricardo Celis (PPD), Alejandra Sepúlveda (FRVS), la radical Marcela Hernando, la ex RD Natalia Castillo, el comunista Boris Barrera y el entonces diputado de RN Mario Desbordes.
La iniciativa aborda materias como la responsabilidad penal de personas jurídicas, delitos ambientales, delitos de mercado de capitales y termina con el monopolio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en materia de delitos de colusión, permitiendo que el Ministerio pueda investigar.
Uno de los promotores de la iniciativa, el diputado Walker, detalló que la normativa que se tramita califica como delitos económicos los atentados contra el medio ambiente, extracción ilegal y contaminación de las aguas, crea nuevos tipos penales y establece sanciones efectivas contra los denominados delitos de "cuello y corbata".
"Nunca más vamos a tener sanciones como clases de ética para delitos como la colusión, el uso y abuso de información privilegiada al mercado o cuando se hicieron acciones dolosas para dañar a los consumidores, como en el caso La Polar", advirtió el diputado falangista, agregando que si "en todos esos casos hubiera estado vigente este proyecto, sus autores y quienes tiene facultades de dirección dentro de las empresas, tendrían sanciones efectivas", ya que la norma establece un agravante de responsabilidad penal, si el delito es cometido por quienes ejercen la dirección o administración de las empresas, como gerentes o presidentes de los directorios.
Además, puntualizó que los delitos económicos tendrán sanciones tan duras como la privación efectiva de libertad y el comiso de las ganancias obtenidas de manera ilegítima, con multas por cada día que hubo ganancia ilegal.
Facultad del Ministerio Público
Otro de los autores, el diputado Soto, complementó lo señalado por Walker, indicando que también será sancionado drásticamente, incluso con pena de cárcel, todo aquello relacionado con la manipulación del mercado de capitales o engaño financiero y atentados a la libre competencia constitutivos de delito, en que una condena inferior a cinco años y un día se podría cumplir privado de libertad. En este sentido, aclaró que si este tipo de delitos son cometidos por directivos de una empresa y produce un daño social o económico relevante "aunque la pena sea baja, se cumplirá en la cárcel".
Adicionalmente, el proyecto –recalcó Soto- le quita el monopolio de la investigación a la Fiscalía Nacional Económica, permitiendo que el Ministerio Público pueda forzar una investigación penal, en casos como los de colusión de precios, de delitos tributarios y aduaneros.
Desde el punto de vista del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Ilabaca, "hoy día estamos igualando la cancha respecto de delincuentes comunes con quienes cometen delitos económicos".
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